1. Preguntas generales sobre procedimientos y atención a la ciudadanía en materia tributaria

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FAQ

Así fue. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableció la suspensión e interrupción de términos y plazos para la tramitación de todos los procedimientos de las entidades del sector público.

El Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, concretó, para el ámbito tributario, esa suspensión e interrupción de términos y plazos.

El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, extiendió la aplicación de los plazos recogidos en el Real Decreto Ley 8/2020 a los procedimientos tributarios de las entidades locales, y contempla alguna peculiaridad, en relación con los plazos para la interposición de recursos y reclamaciones económico-administrativas.

El Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo estableció en su disposición adicional primera la extensión de los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Así, las  referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, y en las disposiciones adicionales octava y novena del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, se entendieron realizadas al día 30 de mayo de 2020.

Si la liquidación tributaria, la sanción, o la carta de pago de ejecutiva se recibió antes del 18 de marzo, y el plazo para el pago aún no había vencido, se amplió el mismo hasta el 30 de mayo.

Si la liquidación tributaria, la sanción, o la carta de pago de ejecutiva se recibió a partir del 18 de marzo, el plazo para su pago se extiendió al 30 de mayo, salvo que el otorgado por la norma general hubiera sido mayor, en cuyo caso éste resultó de aplicación.

No obstante los plazos mencionados en los apartados anteriores estaban sujetos a modificación como consecuencia de la prórroga del estado de alarma.

Si se recibió una diligencia de embargo antes del 14 de marzo de 2020 y el plazo para atenderla concluía con posterioridad a esa fecha, tuvo hasta el 30 de mayo de 2020 para contestar la diligencia.

Si se le notificó la diligencia de embargo con posterioridad al 13 de marzo de 2020, el plazo de contestación a la Administración se vio ampliado hasta el 30 de mayo de 2020, salvo que en la diligencia se señalase otro más amplio.

En cualquier caso, el embargo es plenamente efectivo desde la fecha en que se dicte la diligencia de embargo.

No obstante los plazos mencionados en los apartados anteriores podían ser objeto de modificación como consecuencia de la prórroga del estado de alarma.

Si el 13 de marzo, el plazo para aportar la documentación requerida no había aún vencido, se pudo aportar hasta el 30 de mayo.

Ello sin perjuicio de que pudiera modificarse dicha fecha como consecuencia de la prórroga del estado de alarma.

El mismo plazo rigió para cualquier acto de trámite realizado en cualquier procedimiento de aplicación de los tributos, de inspección o sancionador.

El plazo para recurrir cualquier acto administrativo tributario, ya sea en vía administrativa como en vía económico-administrativa, comenzó a computarse el 30 de mayo de 2020, tanto si el acto ya se había notificado el 13 de marzo y, por tanto, se había iniciado y aún no finalizado el plazo para recurrir, como si la notificación del acto se realizó con posterioridad al citado día 13 de marzo de 2020.

Ello sin perjuicio de que pudiera modificarse dicha fecha como consecuencia de la prórroga del estado de alarma.

Si el 18 de marzo la deuda tributaria se encontraba en período voluntario de pago, se dispuso hasta el 30 de mayo para solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de misma.

Si el 18 de marzo la deuda tributaria se encontraba en período ejecutivo, se pudo solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, pero el importe de la deuda incluye el recargo e intereses que correspondan a dicho período.

Ello sin perjuicio de que dicha fecha pudiera modificarse como consecuencia de la prórroga del estado de alarma.

Los pagos de los plazos y fracciones de aplazamientos y fraccionamientos concedidos cuyo vencimiento se produjo durante los meses de abril y mayo se trasladaron al 5 de junio.

 

Si a fecha 13 de marzo (fecha de cierre de las oficinas municipales) el plazo para el pago de una autoliquidación o el plazo para la presentación de una declaración tributaria no había aún vencido, el cómputo de dicho plazo se suspendió, reanudándose el cómputo del plazo al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de reapertura de las oficinas municipales, si esta se produjera con posterioridad.

A partir del 22 de junio de 2020, una vez finalizado el estado de alarma, los plazos para el pago de autoliquidaciones tributarias se han reanudado.

Si a fecha 13 de marzo aún se podía solicitar la prórroga para la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el caso de una transmisión mortis-causa, el cómputo de dicho plazo se suspendió, reanudándose el cómputo del plazo al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de reapertura de las oficinas municipales, si esta se produjera con posterioridad.

A partir del 22 de junio de 2020, una vez finalizado el estado de alarma, los plazos para el pago de autoliquidaciones tributarias se han reanudado.

El período comprendido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo no se computó a efectos de ningún supuesto de prescripción ni caducidad, incluidos los procedimientos inspectores.

Ello sin perjuicio de que pudiera ampliarse dicho periodo como consecuencia de la prórroga del estado de alarma.

En los procedimientos que se hubieran iniciado de oficio o a instancia de parte (lo que incluye los recursos de reposición), con anterioridad al 13 de marzo de 2020 y no hubieran vencido aún en dicha fecha, el tiempo que hubieran permanecido cerradas las oficinas municipales no se computó a los efectos de los plazos de terminación de los mismos, y, por tanto, del inicio del silencio administrativo.

Si el trámite se hubiera iniciado antes del 13 de marzo, y no hubiera vencido aún en dicha fecha, el plazo se entendió ampliado hasta el 30 de mayo.

Si el inicio del trámite hubiera tenido lugar con posterioridad al 13 de marzo, el plazo se entendió  ampliado hasta el 30 de mayo.

No obstante los plazos mencionados en los apartados anteriores podían ser objeto de modificación como consecuencia de la prórroga del estado de alarma.

En los procedimientos de inspección el plazo comprendido entre el 13 de marzo y el 30 de mayo no computó a efectos de la duración máxima de dichos procedimientos.

Ello sin perjuicio de que pudiera ampliarse dicho periodo como consecuencia de la prórroga del estado de alarma.

La ampliación o suspensión de plazos rigió automáticamente desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo (el 14 y el 18 de marzo, respectivamente).

  • A partir del 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos suspendidos se reanudó de forma general excepto en lo previsto en el siguiente apartado, según el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo que deroga la D.A. 3ª del Real Decreto 463/2020 relativa a la suspensión de plazos
  • A partir del 22 de junio de 2020, una vez finalizado el estado de alarma, los plazos para el pago de autoliquidaciones tributarias, para la presentación de declaraciones tributarias (deudas) y para la solicitud de prórroga para el pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) por transmisiones mortis-causa se han reanudado según lo indicado en el Decreto del Alcalde de 26 de marzo de 2020 por el que se suspenden determinados plazos tributarios con motivo de las medidas excepcionales para contener el COVID-19.

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