Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1. Que el Ayuntamiento de Madrid firme un convenio con la parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real (Arzobispado de Madrid) para que ésta pueda seguir con su labor social, cultural y religiosa, ayudando a financiar la reconstrucción del Centro parroquial, con un 25% del importe total de la reconstrucción, valorado en 1.322.457,89 €.

2. Que, previo a la firma de dicho convenio, Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid realice un informe para validar expresamente la legalidad de dicha fórmula utilizada.

3. Si desde este momento se produjera alguna indemnización adicional a la ya realizada por el seguro y la suma de ambas superará el coste total de la obra del nuevo edificio, al menos el 25% de esa diferencia será devuelto al Ayuntamiento de Madrid, intentando alcanzarse el total de lo aportado".

Punto 40. Rechazar la proposición n.º 2023/8000484, presentada por el concejal don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz del Grupo Mixto, interesando que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid resuelva la creación de un grupo de trabajo, conformado por representantes de todos los grupos municipales, a efectos de que, dentro del marco legislativo vigente, establezca unas pautas para que el nombramiento del personal eventual no funcionario del Ayuntamiento pueda abrirse a la ciudadanía, y que inste al órgano competente a incorporar un nuevo campo en la página de transparencia del Ayuntamiento, en el que se identifique la relación entre la capacitación, conocimiento y experiencia de cualquier cargo electo con la función y materia que desempeña, todo ello en los términos que se indican en la iniciativa.

Punto 41. Aprobar la proposición n.º 2023/8000486, presentada por la concejala doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando "que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid inste al Consejo de Ministros del Gobierno de España a que apruebe [un] Real Decreto-Ley, que revoque y deje sin efecto" el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, por las razones expresadas en la iniciativa.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado día 16, el Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto-Ley la modificación del sistema de pensiones, en los términos acordados con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, sin haberse logrado el consenso con el resto de agentes sociales.

Esta modificación, como la aprobada el pasado mes de diciembre, no hace si no socavar la viabilidad del sistema mismo.

Se refuerza e intensifica un sistema insostenible, avocado a la quiebra.

En España hay aproximadamente un pensionista por cada trabajador. En la medida que los pensionistas evitan la pérdida de su poder adquisitivo con la revalorización automática de sus pensiones de acuerdo con el IPC, el coste de la inflación importada debe repartirse entre un conjunto más reducido de la población española, básicamente trabajadores y empresas.

Mantener el poder adquisitivo de las pensiones e indexar al IPC no son, ni deben ser, sinónimos. El sistema público de pensiones debe asegurar que todas las pensiones garantizan una jubilación en unas condiciones materiales dignas, pero no todas las pensiones ni todos los pensionistas son iguales ni debe tratarse su revalorización de la misma manera. Las pensiones mínimas deben revalorizarse no solo para mantener su poder adquisitivo sino, si fuera posible, aumentarlo, pero el resto de las pensiones y, en particular, las máximas, no pueden seguir la misma lógica, que resultaría regresivo e injusto con trabajadores y jóvenes.

Según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, de 2008 a 2020 la ganancia media anual de los trabajadores de 30 a 34 años de edad subió solo un 3,86%, la de los jóvenes de 25 a 29 años aumentó un 5,38%, pero es que la de aquellos de 20 a 24 años, cayó un 2,77%. Es decir, la última cifra disponible de ganancia media anual de los más jóvenes hoy es menor que la que tenían los jóvenes 12 años atrás. En exactamente el mismo periodo de tiempo, de 2008 a 2020, y según los datos del INSS, la pensión media de jubilación se incrementó en un 40,48%. Una divergencia que ninguna sociedad puede considerar razonable o justa.

Demasiadas veces ya se ha puesto la carga de las sucesivas crisis económicas que lleva arrastrando España íntegramente sobre las espaldas de los trabajadores, sobre todo las generaciones más jóvenes, los autónomos y las PYMES.

Es imprescindible reequilibrar el sistema de pensiones, que exista una verdadera equidad entre los esfuerzos exigidos a todas las generaciones y que se garantice la sostenibilidad, tanto económica como social.

En el caso contrario, España corre el riesgo de que un sistema desequilibrado acabe quebrando del todo.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

Instar al Consejo de Ministros del Gobierno de España a que apruebe un Real Decreto-Ley, que revoque y deje sin efecto el RDL 2/2023, de 16 de marzo".

Punto 42. Aprobar la proposición n.º 2023/8000487, presentada por la concejala doña Begoña Villacís Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que "el Pleno del Ayuntamiento de Madrid inste al Consejo de Ministros del Gobierno de España a que adopte de forma urgente, las medidas normativas, organizativas, técnicas, presupuestarias y de personal necesarias para normalizar la atención a los administrados".

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se han cumplido tres años del inicio de los confinamientos provocados por la COVID 19. Ello supuso una abrupta interrupción de la relación directa entre ciudadanos y administraciones, restringiéndose en la práctica totalidad de los casos la comunicación por diversos canales telemáticos.

Durante esos primeros días el Ayuntamiento de Madrid, como el resto de administraciones, habilitó sistemas para poder llevar a cabo trámites que no estuvieran sujeto a suspensión, inaplazables como gestiones de empadronamiento y el registro electrónico.