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Punto 17. Aprobar el punto 2 de la proposición n.º 2019/8000271, presentada por el concejal don Álvaro González López, del Grupo Municipal del Partido Popular, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que el Pleno condene la ocupación como un delito contra la propiedad que no puede ser tolerado o fomentado por los poderes públicos, y rechazar los puntos 1, 3 en la redacción resultante de integrar en el mismo la enmienda con n.º de registro 2019/8000300 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 3 en la redacción original y 4.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica destinada a combatir la ocupación ilegal de viviendas y que tenía como finalidad garantizar el derecho de propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social. No podrá ser objeto de debate y votación por la disolución de las Cortes.

En su articulado se había establecido, entre otras medidas, que la Policía (la autoridad pública y sus agentes) podía desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo express de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y reforzaba el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.

Frente a la pasividad e incluso permisividad de los mal llamados "alcaldes del cambio", esta Proposición de Ley, de haberse debatido y votado, evitaba situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o que se produjeran hechos tan lamentables como el ocurrido el pasado 5 de enero en Badalona, donde murieron tres vecinos de un inmueble a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por el "pinchazo" ilegal de los okupas que vivían además de forma ilegal en un edificio del barrio de San Roc.

Estos ayuntamientos, lejos de promover una política efectiva de vivienda se han dedicado a "consentir" una usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, pues se trata de una ilegalidad en contra del derecho constitucionalmente reconocido, la propiedad.

Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho. No puede ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación tolerable o admisible, como no lo es cualquier otra ilegalidad.

Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsaron esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados.

Aunque en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el desalojo de viviendas, el problema de la ocupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas ocupadas no deja de aumentar. Además, el fenómeno ha generado la instauración de mafias de la ocupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas.

Como ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay 4.472 viviendas "okupadas", 498 más que un año antes, a septiembre de 2018. La mayoría de estos inmuebles se encuentran, además, en la capital. Paralelamente, hemos visto como el actual equipo de Gobierno municipal mantiene una posición ambigua en torno a la ocupación cuando no, una posición claramente favorable.

La proposición de Ley definía por primera vez de forma clara la ocupación ilegal e impedía que los okupas se intentaran amparar en resquicios legales o en derechos que siempre deben asistir al ciudadano que actúa legalmente. Para ello, se proponía permitir que las autoridades públicas y sus agentes intervinieran dentro del espacio ocupado para proceder al desalojo. La autoridad pública hubiera podido desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.

Asimismo, la nueva ley proponía reforzar las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasaban de multa a privación de libertad de uno a tres años y contemplaba de manera específica la figura de las mafias de okupación.

Así también, proponía agilizar el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.

De igual manera, proponía ampliar la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.

La nueva normativa, de aprobarse, hubiese facultado también a las comunidades de propietarios a garantizar la correcta convivencia vecinal en caso de ocupación. Además, proponía considerar nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.

Esta Proposición de Ley no regulaba los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tenía como objetivo regular los conocidos "precarios" y dejaba claro que esta normativa nada tenía que ver con la que se había aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia social o especial vulnerabilidad habitacional cuya protección se encontraba definida en numerosas normas aprobadas por el Partido Popular.

Por las indudables ventajas sociales que esta iniciativa conllevaba y que la disolución de las Cortes no va a poder ser debatida.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

Condenar la ocupación como un delito contra la propiedad que no puede ser tolerado o fomentado por los poderes públicos".

Punto 18. Aprobar la proposición n.º 2019/8000274, presentada por el concejal don José Manuel Dávila Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten las medidas previstas en la iniciativa, encaminadas a reducir el uso de plásticos y a promover su recogida, tratamiento, reciclado y recuperación.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El vertido indiscriminado de plástico supone un grave peligro para el medio ambiente porque permanece en el entorno durante muchos años contaminando el suelo, las aguas y el aire y porque en su fabricación se consumen grandes cantidades de petróleo y gas con el consiguiente coste económico. Por tanto la reducción, recuperación y reciclaje del plástico es un reto medioambiental y económico que deben asumir de forma prioritaria las Administraciones Públicas. Gracias a las medidas legales y el aumento de la concienciación ciudadana, el uso de bolsas de plástico se ha reducido en los últimos años, aunque su consumo sigue siendo todavía muy alto y ambientalmente insostenible.