Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid

Tras años de estar situada en un segundo plano, la inflación y los altos costes de la energía y los carburantes han vuelto a cobrar protagonismo debido a los datos extraordinariamente altos que se han ido conociendo durante estos últimos meses.

Los problemas ocasionados en las cadenas de producción globales, la escasez de ciertos suministros y la evolución del coste de la energía se han visto agravados por la invasión rusa de Ucrania.

Ello ha empujado el Índice de Precios de Consumo (IPC) al alza hasta sobrepasar el 7,6 % interanual, unas cifras que España no sufría desde hace tres décadas. En estos últimos 12 meses la electricidad se ha encarecido un 80%, los carburantes un 52% y el butano un 33%.

Lo cierto es que hoy, a causa de este incremento del coste de la vida, una misma cantidad nominal de dinero implica menos capacidad económica que años atrás. La carestía de los precios, es un fenómeno que castiga con mayor severidad a las empresas y a las familias cuya situación económica y financiera sea delicada al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo.

Así para, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les permiten vivir solo de manera muy ajustada, ante una inflación sostenida no acompañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a situaciones de pobreza relativa. Más delicada aún es la situación de los hogares que ya se encuentran en situación de pobreza relativa, que una elevada inflación no haría sino agravar.

Dado este contexto, sin embargo, el Gobierno de España solo ha realizado anuncios de medidas a adoptar en próximas fechas, sin que se haya concretado a esta fecha ninguna. La falta de adopción de medidas en una situación tan grave, resulta paradójica ante el abuso de la figura del Decreto Ley, que hace de este Gobierno el que mayor número ha aprobado por mes en promedio.

La pérdida de poder adquisitivo ha de ser restañada por medidas eficaces, lo que en estos momentos comporta que sean inmediatas; y eficientes, que no retroalimente la inflación.

Es por ello por lo que se hace imprescindible, reducir los costos de la energía y aumentar la capacidad económica de las familias, para lo que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid acuerda la siguiente proposición:

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

Instar al Gobierno de España, a que de forma inmediata adopte las medidas necesarias para:

Reducir en un 50% los impuestos especiales que gravan la electricidad y los carburantes.

Reducir el tipo de IVA de los carburantes, gas y electricidad al 4%.

Deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes".

Punto 41. Rechazar la proposición n.º 2022/8000560, presentada por la concejala doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal Vox, interesando que, desde el mes de abril, y con un periodo de seis meses revisable, los operadores de los mercados centrales de frutas y verduras y de pescados sean exonerados de la tarifa que pagan por sus puestos, con el fin de reducir los costes para contribuir al control de la inflación en este momento de crisis excepcional en el sector agroalimentario,

Punto 42. Rechazar la proposición n.º 2022/8000562, presentada por la concejala doña Andrea Levy Soler, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando que se inste al Gobierno de la Nación "a reforzar en un 30% el primer tramo de subvención de los Fondos Europeos Next Generation, para que, como mínimo iguale el límite inferior del 70% de subvención de los planes municipales, y asegurar un mayor éxito y mayor participación en las convocatorias".

Punto 43. Se retira "in voce" por su autor, antes del comienzo de su deliberación, en los términos del artículo 65.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, la proposición n.º 2022/8000563, presentada por el concejal don Pedro Fernández Hernández, del Grupo Municipal Vox, interesando que el Ayuntamiento de Madrid estudie la viabilidad de agrupar en la misma sede las Direcciones Generales de Policía Municipal, SAMUR-PC y Bomberos.

Punto 44. Aprobar la proposición n.º 2022/8000564, presentada por la concejala doña Rita Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, interesando que el Ayuntamiento de Madrid denuncie y condene la invasión de Ucrania por parte de Rusia y que adopte las demás medidas que se indican, incluyendo la instancia al Gobierno de España y al de la Comunidad de Madrid para que, a su vez, lleven a cabo las actuaciones que contiene la iniciativa en relación con este asunto.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Madrid debe condenar de manera firme y explícita la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el uso de la fuerza contra un país soberano excluido en el art 1.a) II del acta final de Helsinki (Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa) y en el art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas.

Debe asumir la emergencia de la situación social de los solicitantes de asilo, sin limitarse a dar cobertura a las necesidades básicas durante los primeros días. Es necesario hacerlo desde una definición más amplia de lo que es emergencia social basada en la necesidad y en la saturación de recursos ya existentes, y no tanto en el criterio temporal.

El Ayuntamiento de Madrid está obligado a canalizar y ordenar la solidaridad del pueblo madrileño, fortaleciendo paralelamente la red de acogida a solicitantes de asilo.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1.- Que el Ayuntamiento de Madrid denuncie y condene esta invasión y reafirme el respeto al derecho que asiste a todas las naciones de preservar su integridad territorial, sin que pueda ser socavada por razones de proximidad geográfica, afinidad étnica o lingüística de acuerdo con los arts. 1.a).I y 1. A).IV del Acta Final de Helsinki.

2.- Que exprese el más firme compromiso del Ayuntamiento de Madrid con la defensa de los principios de la Democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Española, así como en los tratados internacionales de los que España es parte y que los refleja, como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU o el Preámbulo del Tratado de Constitución de la Alianza del Atlántico Norte.