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"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante los últimos meses, la situación que vivimos relacionada con el coronavirus, ha supuesto un cambio en los patrones de movilidad de la ciudadanía de Madrid. La inclinación del reparto modal hacia el uso del coche evidencia que un número importante de ciudadanas y ciudadanos está optando por alternativas de transporte individual y, a la vez, está provocando congestión, emisiones contaminantes, ruido y otras molestias.

Por este motivo, desde el Grupo Municipal Más Madrid se formula la siguiente propuesta para el fomento de la movilidad ciclista, una alternativa que permite garantizar la distancia social, un beneficio que se suma a los que ya tenía este modo de transporte con anterioridad: su sostenibilidad, su ahorro de energía que garantiza una menor dependencia energética, su impacto económico favorable al reducir los costes sanitarios al ser una alternativa de movilidad activa y saludable, su mejora del paisaje urbano; así como otras menos evidentes, como el incremento que provoca en la accesibilidad universal al permitir diseños urbanos más amables, su impacto favorable en la velocidad comercial del transporte público o los beneficios económicos que permiten para el comercio local los entornos amigables para peatones y ciclistas. Grandes ciudades como Nueva York, Milán, Bogotá o Berlín llevan meses trabajando en esta línea, precisamente a la vista de los estudios que avalan estos beneficios.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

Instar al Área de Medioambiente y Movilidad, y en su caso a la EMT, a que se lleven a cabo las siguientes actuaciones:

1.- Inmediata creación de carriles bici provisionales seguros en los ejes principales de la ciudad antes de fin de año, así como la conexión de las infraestructuras existentes con las nuevas que se plantean. En concreto, se plantea ampliar la red actual en unos 167,7 kilómetros al incorporar los siguientes tramos:

Paseo de la Castellana-Prado-Recoletos (12,39 km).

Príncipe de Vergara (15,40 km).

Eje Parque de Roma-Fuente del Berro-Avenida de Brasilia (9,24 km).

Bravo Murillo (11,14 km).

Santa María de la Cabeza (3,69 km).

Ciudad Universitaria-Hortaleza (en el itinerario previsto en el PDMC, 11,83 km).

Princesa-Alcalá (en el itinerario previsto en el PDMC, 19,40 km).

Ramón y Cajal (12,07 km).

Atocha-Albufera (en el itinerario previsto en el PDMC, 9,95 km).

Moncloa-Hortaleza (en el itinerario previsto en el PDMC, 10,44 km).

Rondas equivalentes a la M-10 (4,10 km).

Rondas equivalentes a la M-20 (12,98 km).

Rondas equivalentes a la M-35 (16,48 km).

Tramo de enlace en Ríos Rosas (2,38 km).

Tramo de enlace en Génova (0,69 km).

Tramo de enlace en General Ricardos 1 (2,06 km).

Tramo de enlace en General Ricardos 2 (0,95 km).

Tramo de enlace en Cuesta de San Vicente (1,01 km).

Tramo de enlace en Emilio Herrera (1,94 km).

Tramo de enlace en Bambú (2,65 km).

Tramo de enlace en Juan Bravo-Eduardo Dato (2,83 km).

Tramo de enlace en Embajadores (2,01 km).

Tramo de enlace en Astros (2,06 km).

2.- Refuerzo del servicio de bicicleta pública con la contratación de más personal para BiciMAD y la llegada del servicio a todos los distritos sin un menoscabo de la calidad del mismo.

3.- Puesta en marcha del plan de ayudas a la compra de bicicletas (convencionales y eléctricas) y a la electrificación de bicicletas convencionales, recogido en los Acuerdos de la Villa, desde enero de 2020".

Punto 25. Aprobar la proposición n.º 2020/8000830, presentada por el concejal don Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, en la redacción resultante de integrar en la misma la enmienda con número de registro 2020/8000854 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y la enmienda con número de registro 2020/8000855 presentada por el Grupo Municipal Vox, interesando que se ponga en marcha "el programa Madrid Labora, tal como fue acordado en los pactos de reconstrucción de Madrid, revisando y adaptando los programas de formación a la nueva realidad del mercado de trabajo, fomentando la coordinación de las medidas de inserción con las diferentes Administraciones Públicas, Comunidad de Madrid y Gobierno de España; y por último, reservar en el proyecto de presupuestos la partida necesaria para ejecución".

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En su último informe, Intermón Oxfam señala que, como consecuencia de la actual crisis del coronavirus, en España el índice de pobreza ascenderá 3 puntos y un millón de nuevos pobres. Estas cifras significan un repunte de la desigualdad en nuestro país y en nuestra ciudad, entre personas y entre territorios.

Para combatirla se necesita la puesta en marcha de medidas de inserción socio laboral, así como el despliegue de instrumentos que garanticen una renta a las personas y familias excluidas o en riesgo de exclusión.

Durante la anterior corporación, el Ayuntamiento de Madrid desarrolló iniciativas financiadas por el Fondo de Reequilibrio Territorial, como Vallecas Labora o los Equipos de Actuación Distrital, con el objetivo de formar laboralmente, proporcionar una renta equivalente al salario mínimo profesional y en procurar itinerarios de inserción a colectivos vulnerables de los distritos con mayor tasa de desempleo y menor renta disponible por habitante. Estas iniciativas fueron destacadas como buenas prácticas en las memorias de la Agencia de Empleo. Así, los pactos de reconstrucción consensuados por todos los grupos incluyen la medida 1/196 para la extensión progresiva a todos los distritos del municipio, empezando por los del sur y del este, del programa ahora llamado Madrid Labora.

Asimismo, el gobierno de España, mediante Real Decreto del 29 de mayo, aprobó del Ingreso Mínima Vital, que a pesar de la lentitud en su puesta en marcha ha supuesto ya, que más de 4.000 madrileños hayan pasado a percibir este nuevo recurso en lugar del RMI y que la Comunidad de Madrid, haya ahorrado 4,3 millones de euros en 2 meses, según los datos regionales.

Además, el mencionado Decreto prevé en sus artículos 28, la cooperación entre administraciones públicas en materia de inclusión social de las personas beneficiarias.