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Para contribuir a erradicar la violencia de género se precisan medidas políticas e institucionales desde los diferentes ámbitos que aborden el problema de manera integral y sean capaces de dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres víctimas y a las de sus hijas e hijos.

No se podrá avanzar en la erradicación de la violencia y en la atención específica a las mujeres, si no se establecen los mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, pero tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones de los recursos económicos y de personal especializado adecuados.

En la respuesta integral, las administraciones locales son una pieza clave y juegan un papel fundamental. Los Ayuntamientos por su propia definición como institución más próxima a la ciudadanía y a las necesidades sociales, suponen el primer estamento en la prevención así como en la atención a través de información, asesoramiento, protección y acompañamiento a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos.

Es imprescindible dotar de nuevo a los Ayuntamientos de sus competencias en materia de igualdad. Es necesario e imprescindible contar con las estructuras municipales y su implicación en la lucha contra la violencia de género, y para ello es fundamental dotarles de recursos adecuados.

En este sentido, conviene señalar lo aprobado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA, con respecto a los Ayuntamientos y a la función que deben desempeñar.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1.- Instar al Gobierno de España, a que inicie los trámites para las modificaciones legislativas necesarias, al objeto de devolución de las competencias a las entidades locales en el ejercicio de las políticas de igualdad y contra la violencia de género.

2.- Instar al Gobierno de España a que de manera urgente comience las reuniones oportunas con al FEMP, para llevar a cabo el cumplimiento del compromiso político acordado en el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al objeto de destinar vía transferencia a los Ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios, para el desarrollo de las medidas correspondientes contempladas en dicho Pacto.

3.- Dar traslado de la Moción y su aprobación al Presidente del Gobierno, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al Ministro de Hacienda y Función Pública, así como al Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

Punto 30. Aprobar la proposición n.º 2017/8001637, presentada por la concejala doña Érika Rodríguez Pinzón, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con el visto bueno de su portavoz, interesando que se inste al Gobierno de España a que adopte el conjunto de medidas que contiene la iniciativa, de carácter salarial y laboral, para que, entre otros fines, los salarios recuperen, en el año 2021, el peso que tenían en el reparto de la riqueza nacional en el periodo previo a la crisis.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante la etapa de gobierno del PP la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En concreto, y según datos del INE, los salarios del 40% de la población con menores sueldos han disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal.

Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales.

Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres: el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha pasado del 10,8% en 2012 al 13,1% en 2015, ratio únicamente superada por Grecia y Rumanía.

Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de trabajadores, brecha que ha aumentado en los últimos años. Como ejemplo de esto último, en nuestra Comunidad de Madrid, el salario medio bruto a tiempo parcial está por debajo del que había en el año 2006, consecuencia de la reforma laboral que ha aumentado de forma exponencial la contratación a tiempo parcial, siendo las mujeres las que, en la mayoría de los casos contra su voluntad, han asumido este tipo de contratación.

Los efectos de este nuevo modelo son visibles en nuestra propia capital, donde según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de la ciudad de Madrid publicada recientemente, el 54,2 por ciento de los madrileños tenían algún problema para llegar a fin de mes, y el porcentaje de población por debajo del umbral de riesgo de pobreza se sitúa en el 26,6 por ciento. Hemos de recordar que el riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población y en base a un umbral establecido.

Efectiva devaluación salarial a la que hemos de añadir la precarización de las condiciones de trabajo en forma de incremento de la temporalidad en la contratación, generalización de la parcialidad en la jornada laboral, restricciones a la negociación colectiva y en la aplicación de los convenios colectivos. Junto a ello, una menor cobertura cualitativa y cuantitativa en las prestaciones por desempleo, están dando lugar a una acelerada extensión de la figura del trabajador pobre.

El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que acarrea, también desde el punto de vista estrictamente económico el modelo actual tiene cada vez menos sentido: pone en riesgo la recuperación económica en la medida que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del nivel previo a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de niveles de consumo aceptables en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios, se está realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es un modo insostenible de avance.

Es, por tanto, un objetivo prioritario romper la dinámica instalada en España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo de la productividad.