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Cada 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Una conmemoración establecida en 2003 por la Asamblea General de Naciones Unidas tras aprobar la Convención contra la Corrupción, con el objetivo de sensibilizar y divulgar este compromiso global creado para prevenir y luchar contra un fenómeno que deteriora el Estado de derecho, desvía recursos de los servicios esenciales, debilita las instituciones, empobrece a la población, genera desigualdades y desincentiva la economía productiva.

Como acertadamente expresaba en una publicación reciente Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunitat Valenciana ( https://www.yoamoelfutbol.center/niheroes-ni-chivatos-ciudadanos-ejemplares/) : "La directiva parte de una realidad muy conocida, que las personas que trabajan en una organización pública o privada son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que surgen en ese contexto. Al informar sobre dichas infracciones perjudiciales para el interés de la comunidad, dichas personas actúan como denunciantes o alertadores (whistleblower, en inglés). Con su acción impiden que se lleven a cabo conductas que perjudican el interés y los recursos públicos o facilitan que se corrijan y persigan." Y, asimismo, decía: "Buena parte del éxito de la corrupción se ha basado en dos estrategias: infundir miedo a denunciar y la ausencia de canales e instituciones que garanticen la indemnidad a quienes denuncian. A ello hay que añadir esa cultura enquistada de que la corrupción es algo normal, de donde salen frases tan indecentes como habituales: todos son iguales o tú harías lo mismo, de forma que quien denuncia o combate corrupción es un raro o un chivato y contra él vale todo, represalias, aislamiento, despido, ceses, carreras profesionales truncadas, etc. Que esto le esté ocurriendo a personas que defienden la legalidad y la buena gestión de los asuntos y recursos públicos debería avergonzar a todos y exige una respuesta de Estado. Denunciar corrupción en las condiciones actuales no puede continuar siendo una tarea propia de héroes.

Cada día que el Estado se retrasa en aplicar la Directiva o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción fortalece la ley del silencio y contribuye a que los zarpazos de los corruptos sigan teniendo fácil sustraer recursos públicos, induciendo a que las personas que podrían advertir de ello no lo hagan o, si se atreven a hacerlo, caiga sobre ellos toda clase de amenazas y represalias de los poderosos enemigos del interés público.

El ayuntamiento de Madrid en la anterior legislatura trabajó para mejorar en transparencia y lucha contra la corrupción: desde el registro de lobbies, la publicidad de las agendas de los cargos o la creación de la oficina antifraude (si bien ha tenido un funcionamiento insuficiente, quizás con nuevos titulares en una nueva fase consiga su legitimación y justificación con resultados). En la legislatura actual, incorporar la previsión que se solicita en la proposición a la normativa municipal, permitirá mantener ese deseo de estar en la punta de lanza de la modernidad y la ejemplaridad administrativas.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1. Que, condicionado a la transposición de la Directiva Europea 2019-1937 a la legislación nacional, el ayuntamiento incluya como condición especial de ejecución la obligación de las entidades jurídicas del sector privado del cumplimiento de la citada directiva, y en particular el de implantar los canales de denuncia interna.

2. Instar a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid a realizar una revisión de los protocolos municipales actuales a la vista de la Directiva UE 2109/1937 y, en su caso, a elaborar una propuesta de protocolo para implantación de todas las medidas que contempla esta directiva y que afectan al sector público.

3. Que el Pleno inste al Área de Gobierno de Hacienda y Personal a estudiar con todos los grupos municipales una nueva instrucción de contratación para que en los pliegos de contratación del Ayuntamiento se incorpore como condición de ejecución de los adjudicatarios el que la empresa licitadora haya incorporado a su normativa interna el canal de protección hacia alertadores que prevé la Directiva 1937 del Parlamento y del Consejo relativa a la protección de las personas que informe sobre infracciones del derecho de la Unión más conocida como la Directiva Whistleblowing sin perjuicio de su adaptación cuando se transponga a la citada directiva".

Punto 29. Rechazar la proposición n.° 2021/8002008, presentada por el concejal don José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, interesando que el Ayuntamiento de Madrid constituya un grupo de trabajo, liderado por el Área de Gobierno de Hacienda y Personal, para que analice la posibilidad de materializar la propuesta fiscal de establecer una imposición sobre las rentas del suelo que recoge la iniciativa para, en su caso, trasladar a los órganos e instituciones competentes las conclusiones de dicho estudio.

Punto 30. Rechazar la proposición n.° 2021/8002010, presentada por la concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, interesando que por el Pleno se apruebe el mandato al Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid para que, "desde los principios de lealtad institucional, mejores prácticas y colaboración interadministrativa, se impulse la creación de un Foro de Cocapitalidad Madrid Barcelona", a los efectos señalados en la iniciativa.

Punto 31. Aprobar la proposición n.° 2021/8002011, presentada conjuntamente por el concejal don Ignacio Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista de Madrid y por la concejala doña Esther Gómez Morante, del Grupo Municipal Más Madrid, con el visto bueno de sus Portavoces, interesando que el Pleno del Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las acciones que se indican en la iniciativa, en relación con la figura de Lucrecia Pérez y, más concretamente, con el mural homenaje existente en Aravaca, en la plaza Corona Boreal.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 13 de noviembre de 1992, en el interior del local de la discoteca abandonada Four Roses, en el barrio de Aravaca, se abrió la puerta de golpe y aparecieron cuatro individuos encapuchados disparando a matar. Todos ellos menores de edad y de similar ideología, fueron los autores materiales de este brutal crimen. Lucrecia Pérez murió a consecuencia de las balas mientras se encontraba cenando en el edificio abandonado, donde compartía techo con más migrantes. Su asesinato fue el primer crimen racista en España.

Casi 30 años después, una placa en el lugar donde fue asesinada recuerda a Lucrecia Pérez y lanza el mensaje de que Madrid no es ni quiere ser racista ni xenófoba, por mucho que el discurso de odio siga escondiéndose detrás de muchas agresiones en nuestra ciudad.