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La Constitución Española recoge en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida pública. Además, el artículo 23.1 del texto constitucional establece que Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Por su parte el artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en aplicación del principio de transparencia, establece la obligación de posibilitar la participación activa de los posibles destinatarios en la elaboración de las normas. Asimismo, el artículo 99.b) de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES) recoge como principio legal la participación de la sociedad en la toma de decisiones que afecten a la movilidad de las personas y las mercancías.

A tal efecto el artículo 133 de la LPAC regula la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley y reglamentos señalando que, con carácter previo a la elaboración de la norma, se sustanciará una consulta previa en la que recabará la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente puedan verse afectados por la misma.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley, la Junta de Gobierno aprobó, mediante Acuerdo de 20 de octubre de 2016, las Directrices sobre consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de las normas municipales.

La vigente Ordenanza Reguladora del Taxi, que fue aprobada mediante Acuerdo Plenario de 28 de noviembre de 2012 en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 4.1 de la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid, ha sido objeto de tres modificaciones previas, realizadas en 2014, 2017 y 2021, para adaptar su contenido a las necesidades de modernización del servicio de taxi.

En el ejercicio de las competencias municipales en materia de transporte público urbano de viajeros, movilidad, medio ambiente y accesibilidad se considera necesario iniciar el procedimiento de modificación parcial de la citada Ordenanza, al objeto de adaptar su contenido al Decreto 271/2023, de 20 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 74/2005, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo (BOCM número 303 de 21 de diciembre de 2023), cuya disposición final segunda concede a los ayuntamientos un plazo de seis meses, a contar desde su aprobación, para adaptar sus ordenanzas a lo previsto en este decreto. La presente modificación tiene también por objeto ofrecer herramientas para la modernización y la mejora de la calidad de este servicio para la ciudad de Madrid.

Las mencionadas Directrices establecen que corresponde a la Junta de Gobierno, a propuesta del titular del Área de Gobierno competente por razón de la materia, acordar el sometimiento a consulta pública de las iniciativas normativas.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de las directrices sobre la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de las normas municipales, a propuesta del Delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, y previa deliberación de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión de 11 de abril de 2024,

ACUERDA

PRIMERO.- Someter a consulta pública previa la modificación de la Ordenanza Reguladora del Taxi durante un plazo de 20 días hábiles.

SEGUNDO.- El presente acuerdo surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Madrid, a 11 de abril de 2024.- La Directora de la Oficina de la Secretaría de la Junta de Gobierno, Carmen Toscano Ramiro.