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Entre otros hallazgos, el informe identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014, 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014, 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019, y 653 casos documentados de tortura desde 2014.

La OEA no ha sido la única institución que ha señalado las graves violaciones de derechos humanos que se producen en Venezuela. En fecha 4 de julio de 2019, se publicó el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Este informe recoge una visión general de la situación de los derechos humanos en el citado país desde enero de 2018 a mayo de 2019.

En este periodo, el ACNUDH concluye que "existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela".

Otro Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) fechado el 20 de septiembre de 2022 detalló las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia y pone la lupa en la situación en las zonas mineras remotas.

Según el informe del instituto IDEA, en este país se ha producido una "ruptura democrática total, donde el gobierno bolivariano ha limitado intencionalmente el espacio cívico, eliminando el control constitucional y, por ende, el Estado de derecho". En este sentido, el país hispanoamericano se destaca por ser el único Estado que ha experimentado un gradual retroceso democrático, hasta finalmente convertirse en un régimen no democrático en 2017, representando así el caso más grave de retroceso democrático de las últimas cuatro décadas.

En este estado de cosas, la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI) en el mes de junio de 2023 ordenó avanzar en la investigación en el marco del proceso que sigue este organismo contra Nicolás Maduro Moros por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Este procedimiento se inició formalmente a finales de 2021 tras el análisis de las pruebas presentadas -examen preliminar- en febrero de 2018.

Una serie de parlamentarios provenientes de varios países hispanoamericanos y europeos se dirigieron el 1 de febrero de 2024 con carácter de urgencia al Fiscal de la CPI, señor Karin Ahmad Khan, al objeto de advertirle que en Venezuela están dadas las condiciones para que se produzca un baño de sangre, el cual podrá evitarse mediante la actuación oportuna de esta institución. Del mismo modo, le solicitan en la misiva acelerar el procedimiento seguido contra Maduro y sus cómplices para que pase a la fase juicio con la finalidad de evitar una mayor tragedia en Venezuela y más víctimas.

Ante los hechos denunciados a lo largo y ancho de esta proposición, los cuales suponen un gravísimo paso en el creciente deterioro de la situación de la democracia y el Estado de derecho en la República Bolivariana de Venezuela, la capital del Reino de España ha de exigir al Gobierno de la Nación y a la Unión Europea que no pueden ni deben seguir blanqueando el régimen totalitario chavista, debiendo manifestarse sobre la violación sistemática de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela, fraudes electorales, reprensión violenta de la oposición y adoptar cuantas medidas se requieran al objeto de exigir la defensa de estos derechos y libertades y el Estado de derecho en Venezuela.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno de la Nación a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela tras haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y su total rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano.

3. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid solicita a la Corte Penal Internacional que agilice la fase en la que se encuentra el proceso relativo a los crímenes de lesa humanidad realizados por el régimen venezolano, al objeto de prevenir nuevos crímenes.

4. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno de España a que exija al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el cese inmediato de la violación sistemática de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno de España a que promueva desde las instituciones europeas una declaración de condena ante la violación sistemática de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela y adopten cuantas medidas se requieran al objeto de exigir la defensa de estos derechos y libertades y el Estado de derecho en Venezuela.

6. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid condena las posturas favorables al régimen de Nicolás Maduro adoptadas por José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero, quienes han sido de los defensores internacionales más visibles del chavismo, a pesar de la grave situación que se vive en Venezuela, marcada por flagrantes abusos de derechos humanos, fraudes electorales y la represión violenta de la oposición".

Punto 34. Rechazar la proposición n.º 20248000749, presentada por el concejal don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, portavoz del Grupo Municipal Vox, interesando "que el Ayuntamiento de Madrid reformule las preguntas teledirigidas a los madrileños en el Decreto del Alcalde por el que se convoca la audiencia pública simplificada sobre el Plan Estratégico en materia de inmigración de la ciudad de Madrid", en los términos y con el objeto indicados en la iniciativa, y que se adopten las medidas de competencia propia del Ayuntamiento de Madrid, de instancia al Gobierno de la nación y a la Delegación del Gobierno en Madrid, señaladas asimismo en la iniciativa.

Punto 35. Aprobar la proposición n.º 20248000756, presentada por el concejal don Carlos Izquierdo Torres, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, interesando que se inste al Gobierno de España a que defienda la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones, y a que adopte las demás medidas que, en relación con este asunto, se indican en la iniciativa.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal: