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17) Denegar la declaración de especial interés o utilidad municipal, solicitada por D. FRANCISCO BORJA PEÑA MORIENTES, en representación de OFICINA DE ARQUITECTURA BETA PUNTO CERO, S.L.P., con NIF ****8875*, en el expediente número 205/2024/35288, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 9 y 16.6 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por no concurrir los requisitos objetivos que los citados preceptos establecen para que pueda tener lugar esa declaración".

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CUENTAS

Punto 32. Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid, correspondiente al ejercicio económico 2023, integrada por la del propio Ayuntamiento y las de los Organismos autónomos dependientes de la Corporación y Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Madrid correspondiente al ejercicio económico 2023, integrada por la del propio Ayuntamiento y las de los Organismos autónomos dependientes de la Corporación y Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal, y acompañada de la documentación complementaria e información adicional que consta en el expediente".

Proposiciones de los grupos políticos

Punto 33. Aprobar la proposición n.º 20248000730, presentada por el concejal don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, portavoz del Grupo Municipal Vox, interesando que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid inste al Gobierno de la Nación a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela tras haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y que se aprueben las declaraciones y demás medidas de impulso y condena que, sobre este asunto, contiene la iniciativa.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación que atraviesa la sociedad venezolana ha alcanzado un punto crítico e insostenible. Ante el sufrimiento de un pueblo hermano, el Ayuntamiento de Madrid, como capital del Reino de España, no puede mantenerse impasible. Los profundos lazos históricos, culturales y sociales que unen a España y Venezuela imponen que la restauración de la democracia y el respeto por los derechos humanos en el país hispanoamericano sea una prioridad indiscutible para el Gobierno español, independientemente de la ideología política que lo guíe.

España no debe continuar legitimando al régimen chavista, el cual ha adoptado características totalitarias. En consecuencia, desde el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, es imperativo que se promuevan todas las acciones posibles dentro del marco legal para denunciar y condenar la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades públicas en Venezuela.

Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá han reconocido a Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Del mismo modo, el Foro de Madrid, alianza internacional de líderes, entidades y partidos que defienden la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho ante el avance de la extrema izquierda en países de ambos lados del Atlántico, reconoce a Edmundo González Urrutia, basando su declaración en el respaldo jurídico de la presentación de más del 84% de las actas que acreditan su victoria. Este reconocimiento se fundamenta en el principio democrático y de legalidad, según el cual el pueblo es soberano y su voluntad debe prevalecer en los comicios, principio que ha sido vulnerado por el Consejo Nacional Electoral (en adelante, CNE) al proclamar sin base legal la victoria de Nicolás Maduro.

Desde una perspectiva jurídica, el Foro de Madrid destaca que el proceso electoral venezolano ha sido violado por el régimen de Maduro, al no presentar las actas correspondientes y proceder con una proclamación sin sustento, lo que constituye una falta muy grave contra el Estado de derecho. La omisión de las actas y la supuesta falsificación de las mismas implica un delito electoral que no solo deslegitima la proclamación de Maduro, sino que podría equivaler a un golpe de Estado encubierto, al subvertir la voluntad popular de manera sistemática.

La jurisprudencia internacional en materia electoral y los principios democráticos consagrados en instrumentos como la Carta Democrática Interamericana apoyan el derecho de los pueblos a elegir a sus líderes a través de procesos libres, justos y transparentes. En este caso, al haberse consumado un fraude electoral, como señala el Foro de Madrid, se activan mecanismos de defensa de la democracia en el plano internacional. La comunidad internacional y los Estados comprometidos con los principios democráticos tienen la obligación de actuar conforme al derecho internacional para acabar con un régimen que ha usurpado el poder de forma ilegítima.

Asimismo, las acciones del CNE y del régimen de Maduro cercenan el derecho fundamental a elecciones libres, lo que abre la posibilidad de activar procedimientos ante organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), ante la posibilidad de que los crímenes cometidos en el contexto electoral (incluyendo tortura y persecución política) puedan ser considerados delitos de lesa humanidad.

Atendiendo a los resultados publicados por Con Venezuela, basados en las actas digitalizadas de 25.073 mesas, Edmundo González obtuvo 7.303.480 votos (67%) y Nicolás Maduro 3.316.142 votos (30%).

José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero han adoptado posturas favorables al régimen de Nicolás Maduro, a pesar de la realidad que se vive en Venezuela. Zapatero, quien ha sido uno de los más visibles defensores internacionales del chavismo, ha optado por un silencio inquietante ante flagrantes abusos de derechos humanos, fraudes electorales y represión violenta de la oposición. Su negativa a condenar o siquiera pronunciarse sobre las múltiples irregularidades, como la deportación de observadores internacionales, el secuestro de opositores o la brutal represión que ha dejado decenas de muertos y miles de detenidos, lo convierte en un cómplice por omisión. Este silencio no es una mera actitud pasiva; es una validación tácita del régimen de Maduro, especialmente en momentos en que otros actores de la izquierda internacional, como el Grupo de Puebla o el presidente de Chile, Gabriel Boric, han expresado sus dudas sobre la legitimidad de las últimas elecciones en Venezuela.

La conducta de Zapatero es un respaldo a un régimen acusado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de socavar la democracia. Su estrecha relación con figuras clave del chavismo, como los hermanos Rodríguez, refuerza la percepción de que su silencio no es casual, sino parte de un compromiso con la perpetuación del régimen en el poder.