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Por otro lado, Juan Carlos Monedero ha asumido un papel más visible y abiertamente defensor del chavismo, utilizando su presencia mediática para justificar y validar el gobierno de Maduro. Monedero no solo ha minimizado las denuncias de fraude y represión, sino que ha atacado a la oposición venezolana y a los críticos del régimen, recurriendo a discursos ideológicos que ignoran la realidad que vive el pueblo venezolano. Su defensa vehemente de Maduro, a menudo acompañada de gestos que muchos consideran insensibles, como sus bailes en mítines chavistas, demuestra una desconexión total con la grave situación humanitaria en el país. Ambas posturas son una traición a los principios de derechos humanos y justicia y a la voluntad del pueblo venezolano.

La Declaración del Centro Carter sobre la Elección en Venezuela en 2024 señala que las elecciones presidenciales no cumplieron con los estándares internacionales, vulnerando el principio de integridad electoral. Este principio, protegido por tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantiza el derecho a elecciones libres y transparentes.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no presentó un desglose de los resultados por mesa electoral, lo que afectó la transparencia y el derecho a la información. Esto contraviene la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que promueve la transparencia como mecanismo clave para prevenir irregularidades.

Asimismo, las restricciones impuestas a la libertad de prensa y asociación violaron tanto la Constitución venezolana como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen los derechos a la libertad de expresión y participación política. La intimidación y persecución de la oposición socavan el derecho de asociación política y la participación en la vida pública del país.

Finalmente, la deficiente actualización del registro electoral, especialmente para ciudadanos en el extranjero, afectó gravemente el derecho fundamental al voto, protegido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que exige que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio sin restricciones indebidas.

A partir del análisis del documento, se puede afirmar que las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela presentan múltiples irregularidades desde el punto de vista del derecho internacional y nacional. Estas irregularidades violan principios clave como la integridad electoral, la transparencia, el acceso equitativo a los medios y el derecho de participación política. En un marco democrático, este tipo de elecciones no puede ser considerado legítimo debido a las graves deficiencias observadas por el Centro Carter.

Adicionalmente, el informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (en delante, DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (en adelante, OEA) sobre la elección presidencial de Venezuela para su secretario general, fechado el 30 de julio de 2024, analiza las condiciones y resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El informe establece que no es posible reconocer los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamaron ganador al actual presidente Nicolás Maduro, debido a una serie de irregularidades que socavaron la legitimidad del proceso.

Entre las principales observaciones, se destaca que el CNE realizó un único anuncio sobre los resultados de las elecciones seis horas después del cierre de las votaciones. Este anuncio incluyó solo datos agregados, sin publicar actas ni detalles de las mesas procesadas, lo que generó dudas sobre la veracidad de los resultados. Además, el informe denuncia una serie de errores aritméticos en los datos oficiales y subraya que el CNE calificó falsamente estos resultados como "irreversibles".

El DECO también señala que las irregularidades no se limitaron al día de la votación. El proceso preelectoral estuvo marcado por inhabilitaciones arbitrarias de candidaturas opositoras, intimidación política, el uso proselitista de recursos del Estado y ataques a los medios de comunicación. También se registraron múltiples actos de violencia y represión, como la detención de opositores y el hostigamiento de organizaciones que buscaban fiscalizar el proceso electoral.

La denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) sobre la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio refleja la gravedad de la crisis poselectoral en el país.

Las acusaciones de fraude electoral por parte de la oposición, liderada por María Corina Machado, y la continua represión estatal contra manifestantes y opositores muestran que el país sigue sumido en una crisis política y social profunda. La CIDH ha señalado patrones de represión que ya se observaron en las protestas de 2014 y 2017, lo que indica que el régimen de Maduro recurre a tácticas represivas conocidas para mantener el control, a pesar de las crecientes protestas.

La muerte de al menos 23 personas, la mayoría jóvenes, a manos de las fuerzas del Estado, es una clara violación de los derechos humanos, y la comunidad internacional debe seguir vigilante ante esta situación. Las denuncias de censura, restricciones a la libertad de expresión y los obstáculos a los defensores de derechos humanos son indicios de un endurecimiento del régimen frente a cualquier forma de disidencia, lo que exacerba aún más la crisis democrática en Venezuela.

No obstante, como se ha señalado previamente, esta situación no es nueva. En este contexto, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado el 28 de enero de 2024, abordando nuevamente la crisis en Venezuela. Al literal expuso lo siguiente:

Las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes (...).

En un mismo tenor, el informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), titulado "Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela", amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Este documento señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos. Partiendo del trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, el informe pinta un vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario.