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El Pleno del Ayuntamiento de la capital del Reino de España no puede ni debe permanecer impasible ante la situación que viven nuestros abogados y procuradores en relación con sus jubilaciones, atendiendo a su principal contribución al Estado de Derecho como defensores de la justicia y los derechos individuales.

En este estado de cosas, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid debería instar al Gobierno de la Nación a realizar las actuaciones y modificaciones necesarias en relación con los profesionales de la abogacía y la procura que tienen contratado, o que lo han tenido, con la Mutualidad de la Abogacía, Altermutua o la Mutualidad de Procuradores, el sistema de protección social alternativo al RETA, para lo siguiente:

- Reconocimiento de periodos cotizados: Garantizar que los mutualistas alternativos al RETA, tanto actuales como anteriores, tengan reconocidos sus períodos de aportación mínima obligatoria como períodos cotizados en el RETA.

- Facilitación del traspaso al RETA: Permitir y facilitar que los abogados mutualistas alternativos al RETA puedan trasladarse a este sistema, equiparando sus aportaciones previas a años cotizados en el RETA.

- Transferencia de cantidades actuariales: Mover las cantidades actuariales de los mutualistas que se trasladen al RETA al Estado para asegurar el reconocimiento de estos nuevos periodos de cotización en la Seguridad Social.

- Transferencia de fondos de la Mutualidad: Redirigir los fondos propios de la Mutualidad de la Abogacía que correspondan a cada mutualista hacia la Seguridad Social en el momento de su traspaso al RETA.

- Gestión de aportaciones extraordinarias: Ofrecer a los mutualistas la opción de transferir sus aportaciones extraordinarias a la Seguridad Social para aumentar su base de cotización en el RETA o mantenerlas en la Mutualidad como un ahorro individual.

- Convergencia para pensionistas actuales: Facilitar que los pensionistas actuales de la Mutualidad puedan convertir sus años cotizados a esta en años cotizados al RETA, con la opción de cambiarse a pensionistas del RETA o mantener su estatus actual.

- En el momento de retirar el fondo acumulado para la jubilación, este debería tributar como rentas de ahorro en lugar de como rentas de trabajo.

- Mejorar las condiciones de jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura.

Los mutualistas que optaban por la Mutualidad de la Abogacía como sistema alternativo al RETA, lo hacían conscientes de que esta opción estaba avalada por el Estado, al ser una alternativa autorizada y supervisada por distintos órganos, como la Dirección General de Seguros y la Seguridad Social. Así, los mutualistas se sentían seguros con las proyecciones de jubila la mutualidad ofrecía, confiando en la supervisión estatal para asegurar la consecución de los objetivos de la mutualidad.

Además, los mutualistas eran conscientes de la obligación del Estado de garantizar lo estipulado en el artículo 50 de la Constitución, que establece: "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". Esto reforzaba su confianza en que el Estado supervisaría adecuadamente, asegurando así que sus pensiones fueran dignas.

Por esta razón, los mutualistas cumplían con lo que la ley exigía a la mutualidad, para mantener su estatus como alternativa al RETA. Asimismo, el respaldo de los distintos colegios de abogados a la mutualidad proporcionaba un alto grado de confianza, sabiendo que velarían por las pensiones de sus abogados.

No obstante, se han identificado varios niveles de fracaso que han resultado en pensiones mínimas:

- La mutualidad, por no gestionar adecuadamente las aportaciones de los mutualistas.

- El Estado, por no cumplir con su labor de supervisión.

- Los colegios de abogados, por no vigilar adecuadamente la actuación de la mutualidad.

- Los mutualistas, por haber depositado su confianza en el Estado, la mutualidad y sus colegios profesionales.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno de la Nación a realizar las actuaciones y modificaciones necesarias en relación con los profesionales de la abogacía y la procura que tienen contratado, o que lo han tenido, con la Mutualidad de la Abogacía, Altermutua o la Mutualidad de Procuradores, el sistema de protección social alternativo al RETA, para lo siguiente:

Mejorar las condiciones de jubilación y cotización de los profesionales de la abogacía y la procura mediante la opción voluntaria y temporal de trasladar al RETA las cantidades previamente cotizadas en mutualidades profesionales, ajustando las pensiones de los mutualistas pasivos al menos al importe de la pensión mínima y evitar la equiparación fiscal de las cotizaciones en mutualidades con planes de pensiones privados".

Punto 36. Rechazar la proposición n.º 20248000405, presentada por el concejal don Ignacio Ansaldo Adriaensens, del Grupo Municipal Vox, interesando que el Pleno del Ayuntamiento, "tras la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la ilegalidad del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid, [exija] al consistorio declarar la nulidad de la Ordenanza de Movilidad Sostenible en vigor" y al gobierno consistorial "que acuerde que los integrantes del citado grupo reintegren a las arcas municipales todo el dinero recibido en tal concepto".

Punto 37. Rechazar la proposición n.º 20248000406, presentada por la concejala doña Emilia Martínez Garrido, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con el visto bueno de su portavoz, interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste a la autoridad medioambiental competente de la Comunidad de Madrid a la clausura temporal de la incineradora de Las Lomas, perteneciente al Parque Tecnológico de Valdemingómez, hasta que se resuelvan todas las irregularidades expuestas en la iniciativa y disponga de una nueva Autorización Ambiental Integrada, y al Área Delegada de Limpieza y Zonas Verdes a que adopte los acuerdos y lleve a cabo las actuaciones que contiene la iniciativa en relación con este asunto.

Punto 38. Rechazar la proposición n.º 20248000408, presentada por la concejala doña Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal Vox, interesando que, teniendo en cuenta la presentación de la iniciativa legislativa popular para la regularización masiva de inmigrantes ilegales, el Pleno del Ayuntamiento acuerde "que la Agencia para el Empleo de Madrid no participe en el diseño de ninguna actuación, ni solicite ni ejecute ningún programa de la Unión Europea, Gobierno de España, de la Comunidad de Madrid o del propio Ayuntamiento, relacionado con tales regularizaciones".