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Punto 65. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión de 19 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Operativo contra la Trata de Mujeres y otros Abusos de Derechos Humanos en contextos de prostitución.

Punto 66. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión de 26 de julio de 2018, por el que se avoca la competencia en materia de contratación, a los solos efectos del nombramiento, coordinación y retribución de los comités de expertos en los procedimientos de licitación de escuelas infantiles, y se delega en la titular del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Punto 67. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión de 26 de julio de 2018, por el que se rectifica el error material advertido en el acuerdo de 19 de julio de 2018 por el que se modifican los acuerdos de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible y de los Distritos.

Punto 68. Se da cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid en sesión de 26 de julio de 2018, por el que se modifica el acuerdo de 29 de octubre de 2015 de organización y competencias de los Distritos.

Punto 69. Se da cuenta del Decreto de la Alcaldesa, de 19 de julio de 2018, por el que se determina la forma en que se producirán las suplencias durante los meses de verano de 2018, modificado por los decretos de 31 de julio, 9, 16, 21 y 30 de agosto.

Punto 70. Se da cuenta de los informes de la Intervención General de los controles financieros de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento de Madrid, ejercicio 2016, en cumplimiento del artículo 36.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del control interno del Sector Público Local, y remitidos por Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda de fecha 17 de septiembre de 2018.

VI. MOCIONES DE URGENCIA

Punto 71. Declarar la procedencia del debate y aprobar el contenido de la moción de urgencia n.º 2018/8001716, presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando que el Pleno del Ayuntamiento acuerde trasladar su pesar y solidaridad a las familias y compañeros de los trabajadores fallecidos en los recientes accidentes de la calle Pedro Salinas, 11 y hotel Ritz; así como a los otros once trabajadores heridos en este último derrumbe, y que se adopten las demás medidas de impulso que, en relación con este asunto, contiene la iniciativa.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 19 de septiembre un trabajador falleció y otros once resultaron heridos, dos de ellos graves, tras derrumbarse parte del forjado en las obras de remodelación del hotel Ritz.

Se trata del segundo derrumbe de estas características en Madrid en apenas cuatro meses. En mayo, en la calle de General Martínez Campos, el colapso de otro edificio dejó otros dos trabajadores muertos.

Víctimas en la construcción, a las que hemos de añadir el trabajador muerto el pasado 14 de septiembre en la calle Pedro Salinas, 11 del distrito de Ciudad Lineal. En todos los casos son accidentes de trabajo, pero también, en todos los casos, son muertes y lesiones que pudieron haberse evitado.

Todas las muertes en accidentes nos parecen injustas, pero las acaecidas en los accidentes laborales lo son especialmente, porque sus causas son debidas a incumplimientos de normas de las que nunca, o casi nunca, son responsables de su cumplimiento las propias víctimas.

En su comunicado, señalaban los sindicatos CCOO y UGT que "este accidente es un fiel reflejo de las duras condiciones de trabajo que imperan en el sector de la construcción y de forma especial en las obras de rehabilitación donde bajo el paraguas de la especulación y los beneficios económicos todo vale, imponiéndose ritmos de trabajo frenéticos a la vez que una precariedad insoportable, y una falta de medidas de seguridad que nos remonta muchos años atrás".

Igualmente instaban a todos los empresarios, especialmente a los del sector de la construcción, a cumplir la ley y a no poner en riesgo la salud y la vida de los trabajadores.

Pero también instaban a la Administración a ser muy exigente en el control de la normativa en este sector, especialmente en las obras de rehabilitación.

El Grupo Municipal Socialista considera que el Ayuntamiento de Madrid, como administración directamente afectada por estos hechos, debe extremar los controles sobre esas obras de rehabilitación y exigir a las empresas afectadas el estricto cumplimiento de sus obligaciones. Recordemos que el pasado mes de agosto estuvo a punto de producirse otra desgracia similar a las mencionadas en el edificio de la calle Alcalá, 143, que pudo ser desalojado a tiempo.

Uno de los momentos más delicados del desarrollo de las obras de estas características, con demoliciones, vaciados y, en general, posibles afectaciones a estructuras portantes del propio edificio o a los colindantes, exige del máximo control de todas las tareas para su correcta ejecución por la dirección facultativa, así como de la participación de trabajadores con la apropiada cualificación para realizarlas.

Si bien resulta imposible que los servicios técnicos municipales desarrollen un control exhaustivo de todas las obras de la ciudad, sería muy deseable que aquellas de remodelación integral, con gran afección a elementos constructivos, en edificios protegidos y/o construidos hace muchos años, con sistemas constructivos más vulnerables, deberían tener unas sistemáticas de control por parte del Ayuntamiento que permitieran, si no garantizar en todos los caos, si prevenir en lo posible situaciones como las que se han producido. Entendiendo, en todo caso que, la responsabilidad primera del control de la ejecución en una obra corresponde a sus ejecutores, promotor y empresa constructora.

El Grupo Municipal Socialista entiende que, en estos casos, donde han existido accidentes tan graves que han ocasionado varias víctimas, también debe dirigirse a las demás administraciones competentes en la materia para que mejoren la eficacia de sus actuaciones, bien sean preventivas, de inspección y control, o de investigación y análisis.