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Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROPOSICIÓN DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA, A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

En septiembre de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Madrid manifestó su incondicional apoyo al Proceso de Paz en Colombia, tanto a los acuerdos suscritos para poder alcanzar una paz estable y duradera como a la posterior etapa de la consolidación de la paz y aplicación de los acuerdos, sumándose así a los numerosos apoyos institucionales a este acontecimiento trascendental para la construcción de una paz sostenible y con justicia social. Asimismo, se hacía énfasis en la centralidad de las víctimas en los Acuerdos de Paz y el reconocimiento de los avances en la inclusión de un enfoque de género. Poner fin a esta parte del conflicto armado en Colombia tuvo como resultado más evidente la disminución de muertes por razones del conflicto. Sin embargo, transcurrido poco más de un año de la firma de los Acuerdos de Paz no se están cumpliendo las expectativas en materia de garantías de seguridad y participación política, la puesta en marcha de la totalidad de las medidas de reincorporación, reforma rural, sustitución de cultivos ilícitos o el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición. Así lo manifiesta el Secretario General de las Naciones Unidas en su informe al Consejo de Seguridad del pasado día 10 de enero de 2018 en el que señala con preocupación el incumplimiento o los escasos avances en las cuestiones señaladas.

Resulta especialmente preocupante la parálisis de la reforma política y electoral y la situación en la que actualmente se encuentran las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, las cuales darían la posibilidad a las víctimas de ejercer democracia directa desde los territorios históricamente inmersos en el conflicto. De igual manera, en la implementación del Acuerdo se ha perdido gran parte del enfoque de género que hizo de éste un acuerdo innovador a nivel mundial.

En ese contexto, debemos reiterar la preocupación, ya expresada el año pasado, frente al alto riesgo en el que viven las personas defensoras de derechos humanos en su labor diaria por la construcción de la paz. Denunciamos el incremento de amenazas, agresiones y asesinatos de líderes, reclamantes de tierras, personas defensoras del medio-ambiente y con liderazgo social, así como la altísima vulnerabilidad de las comunidades rurales (indígenas, afros y campesinado), que son las que más han sufrido directamente los impactos del conflicto armado y cuya situación no se ha visto mejorada. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha registrado 206 asesinatos de líderes/esas sociales desde enero de 2016 hasta noviembre de 2017. Asimismo, a comienzos de diciembre de 2017 ya se habían documentado 35 asesinatos de excombatientes de las FARC —EP, los dos últimos, el pasado 16 de enero, mientras hacían campaña electoral para las elecciones legislativas del mes de marzo.

Consideramos urgente la inmediata implementación de los planes de prevención y protección en los territorios con enfoque diferencial, y que se lleven a cabo investigaciones independientes y rápidas para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, disminuyendo el altísimo nivel de impunidad que rodea estos crímenes. Para la construcción de una paz duradera y sostenible, y poner fin a este aumento de asesinatos, es fundamental que las investigaciones tengan en cuenta el contexto en el que se generan los crímenes y se esclarezcan las razones que están detrás de cada una de las agresiones. En este sentido, preocupa seriamente la falta de avances en el desmantelamiento de las estructuras y grupos sucesores del paramilitarismo, hoy en día los mayores responsables de estas agresiones.

Del mismo modo, observamos con preocupación las limitaciones que se establecen al derecho de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición. La inclusión de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz para terceros actores (como empresarios y políticos) y funcionarios públicos (no pertenecientes a la Fuerza Pública) reduce drásticamente la posibilidad de esclarecer responsabilidades frente a quienes financiaron y se beneficiaron del conflicto y posiblemente aún se benefician, dando paso a la repetición de los ciclos de violencia y perdiendo la oportunidad histórica para toda la sociedad colombiana de avanzar hacia la construcción de una paz sostenible.

En este contexto, es preciso, si cabe ahora con más fuerza, renovar el compromiso de este Ayuntamiento con la paz y reiterar el apoyo al Proceso de Paz y su completa implementación. Igualmente, este Ayuntamiento reitera su compromiso con las víctimas y alienta a todas las instituciones públicas a dar pasos concretos hacia el cumplimiento de lo acordado, así como a dedicar todos los esfuerzos necesarios para poner fin a la impunidad y garantizar los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos.

Por último, cabe reiterar también el apoyo de este Ayuntamiento a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, hoy más que nunca indispensable en el país, e insistir en la importancia de su papel para la consolidación de la paz y la implementación de los Acuerdos.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1.- El Ayuntamiento de Madrid quiere recordar a todas las víctimas de conflicto armado como consecuencia de la acción del Estado, la violencia y el terrorismo ejercidos por todos los grupos armados.

2.- El Ayuntamiento de Madrid, preocupado por las dificultades que atraviesa el proceso de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia y por las graves violaciones a los derechos humanos de líderes sociales, comunitarios, defensores de derechos humanos, ciudadanos anónimos, militares, policías y demás miembros de las fuerzas del orden -víctimas del terrorismo de las FARC y otras fuerzas terroristas- y exguerrilleros en proceso de reincorporación y sus familias, manifiesta su máxima preocupación por esta situación y hace un llamamiento a la opinión pública española, las instituciones de nuestro país y a la Comunidad Internacional para que todos redoblemos esfuerzos en apoyo del proceso de paz en Colombia y por la reconciliación en esta nación hermana tras más de 50 años de conflicto armado.

3.- El Ayuntamiento de Madrid solicita respetuosamente al Gobierno de Colombia y a todas las instituciones competentes del país, en especial al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, que redoblen sus esfuerzos para acabar con estos hechos, prevenirlos y, en todo caso, detener y someter a una justicia pronta y eficaz a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos que buscan desestabilizar un proceso de paz que ha sido esperanzador para el mundo, pero que puede concluir en un grave fracaso de persistir esta situación.