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No solo es un debate que existe en nuestra sociedad -pese a que algunos quieran ignorarlo y ocultarlo- sino que, cada día, su despenalización y correcta regulación es una demanda creciente, propia de una sociedad moderna y avanzada en derechos como es la española.

La experiencia acumulada en los países de nuestro entorno que regularon la eutanasia hace ya muchos años, indica que no se ha materializado el impacto negativo sobre las poblaciones vulnerables que algunos emplean como argumento para frenar la legalización. Como se ha manifestado en diversas encuestas, la ciudadanía, sin restricción de edad credo y adscripción política, reclama que la eutanasia se regule legalmente.

Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada persona, por lo que el imperativo de una vida digna alcanza también al fin de la misma, al fallecimiento. Los cambios introducidos en nuestro ordenamiento en los últimos años, muy especialmente por la ley 41/2002, supusieron en su momento un avance importante al acotar el deber de tratamiento médico, supeditándolo a la voluntad autónoma del paciente y no a las posibilidades técnicas de mantener la vida. Sin embargo, la obtención de ayuda experta para finalizar la propia vida de un modo seguro, pacífico e indoloro, permanece fuera del ámbito de la libre decisión personal cuando, a criterio de la persona interesada, la vida que le resta no merece ser vivida.

Castigar con penas privativas de libertad a quienes presten una ayuda benefactora, solicitada, libre, seria y reiteradamente, por una persona que se encuentra en una muy lamentable situación, so pretexto de la protección jurídica de un supuesto bien —una vida desprovista de dignidad que rechaza su titular—, constituye una crueldad añadida a quien sufre el padecimiento, al obligarle a vivir contra su voluntad, al tiempo que supone una penalización injustificada y carente de sentido para quienes prestan esa ayuda.

Este último caso, como todos los demás, ha golpeado las conciencias, pero también ha coincidido en un momento en que, por disolución de las Cámaras y previamente por la paralización por la Mesa del Congreso, no se ha continuado con la tramitación en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia que reconocía el derecho de las personas a solicitar y recibir ayuda para morir.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1.º El Ayuntamiento de Madrid expresa su cariño y solidaridad con los familiares, amigas y amigos de nuestros vecinos María José Carrasco y Ángel Hernández, muy especialmente con Ángel por entender que la asistencia prestada a su esposa nunca debería considerarse un delito.

2.º El Ayuntamiento de Madrid insta al Congreso de los Diputados que surja delas próximas elecciones generales de 28 de abril, a la despenalización de las conductas contempladas en el artículo 143.4. del Código Penal.

3.º El Ayuntamiento de Madrid insta al nuevo Congreso de los Diputados y al Gobierno de la Nación a la urgente tramitación y aprobación de una Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, que garantice que las personas puedan decidir libremente el momento y la forma de finalizarla la propia vida de un modo seguro, pacífico e indoloro, con la ayuda necesaria".

Punto 46. Aprobar la proposición n.º 2019/8000588, presentada por el concejal don Javier Barbero Gutiérrez, del Grupo Municipal Ahora Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa encaminadas a "garantizar la atención a colectivos especialmente vulnerables, como son las mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, víctimas de trata, así como, la atención en urgencias", en el marco de la "Campaña Madrid Libre de Exclusión Sanitaria. Madrid Sí Cuida".

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MADRID LIBRE DE EXCLUSIÓN SANITARIA. MADRID Sí CUIDA.

La Campaña Madrid Libre de Exclusión Sanitaria, Madrid Si Cuida, se inicia en 2016 desde el área de Salud, Seguridad y emergencias, y se desarrolla con el fin de promover que la atención sanitaria sea considerada un derecho universal, de manera que todas las personas, sin excepción, tengan las mismas oportunidades para conseguir el máximo grado de salud que se pueda alcanzar.

Tras la aprobación del Real Decreto Ley de Exclusión Sanitaria (RDL 16/2012), miles de personas perdieron su tarjeta sanitaria y recibieron el mensaje de que ya no tenían derecho a asistencia. Sin embargo la realidad era más compleja y había varios supuestos bajo los cuales una persona sin tarjeta podía recibir atención sanitaria, especialmente después de que el 14 de septiembre de 2015, la Comunidad de Madrid emitiera instrucciones para facilitar la asistencia sanitaria a las personas sin tarjeta. Las Campaña tenía como objetivo revertir el mensaje de "No Tienes Derecho" por el de "Sí Tienes Derecho".

Según la OMS, la cobertura sanitaria universal "no solo mejora la salud de las personas y su esperanza de vida, sino que también protege a los países de las epidemias, reduce la pobreza y el riesgo de padecer hambre, crea empleo, impulsa el crecimiento económico y promueve la igualdad de género", planteamiento con el que trabaja Madrid Salud desde la promoción de la salud para toda la ciudadanía.

Así, cualquier persona que vea vulnerado su derecho a recibir asistencia sanitaria puede acudir a uno de los 16 Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) de Madrid Salud para ser informada y derivada adecuadamente, realizando los equipos una labor de mediación con los Centros de salud.

En este sentido queremos hacer constar que la Campaña en su primer año tuvo un importante impacto, tanto mediático, como de resolución de casos. En ese momento se desbloqueó el acceso al sistema en algunos puntos, en los que el proceso de sensibilización e información permitió la sensibilización de profesionales clave, que ha sido, y es, sin duda muy importante.

Sin embargo, a nivel institucional no se ha producido ningún cambio. Es más, consideramos que las instrucciones administrativas en los Centros de Salud son complejas, lo que dificulta enormemente la tarea de mediación de los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc). Podríamos decir que, con respecto a los problemas de acceso más sencillos de resolver, se consiguió un éxito inicial, pero en la actualidad la situación se ha agravado, y los casos que llegan a los CMSc resultan imposibles de resolver únicamente desde la función de mediación de los equipos de Madrid Salud.