Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid

Las instrucciones por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid se tornan ambiguas, cambiantes y contradictorias y la resolución de los casos queda a la arbitrariedad del Centro sanitario. Existe una clara desinformación hacia los y las profesionales y ciudadanía y con frecuencia, las personas, para ser atendidas tienen que aceptar compromisos de pago. Esto les lleva a asumir la pérdida del derecho y a dejar de acudir al centro sanitario por miedo, suponiendo una clara desprotección y vulneración de sus derechos. Consideramos que las barreras establecidas a nivel estructural del propio sistema sanitario se hacen imposibles de superar, en muchas ocasiones.

Las mayores dificultades de las personas que ven vulnerados sus derechos de protección y asistencia sanitaria, con particular gravedad, y que siguen estando excluidas del sistema, son:

Personas que llevan en España menos de tres meses. Son consideradas "turistas" sin derecho a la asistencia sanitaria. Nos parece especialmente destacable que casos de urgencias, menores y embarazadas, que en principio tendrían derecho en todas las circunstancias, no están siendo atendidas, por no llevar tres meses empadronadas. Se les emiten facturas por los servicios prestados.

Personas que están tramitando su estatuto de refugiada o asilada.

Mujeres, en su gran mayoría, víctimas de trata, a las que se les ha retirado el pasaporte ilegalmente y no pueden gestionar el padrón municipal.

Personas con documentación caducada (pasaporte) que a pesar de tener un documento que les identifica no pueden acceder a Código Dar.

Personas con tarjeta de desplazamiento en vigor, procedentes de otra comunidad autónoma.

Personas con situación regularizada. Si ya tenían el Código Dar que le daba derecho a la asistencia sanitaria, al conseguir regularizar su situación administrativa y conseguir su Número de Identificación de Extranjero se les da de baja en el sistema sanitario. Son derivados al INSS y se les niega la asistencia, siendo obligados a suscribir un seguro médico para volver a recibir asistencia sanitaria, que supone unos 60 euros mensuales. La mayoría de las personas no pueden asumir el coste y esto supone no iniciar o interrumpir tratamientos ya prescritos.

Personas residentes en España tras un proceso legal de reagrupación familiar. Tienen su Número de Identificación de extranjero y se les niega la asistencia sanitaria siendo obligadas a contratar un seguro médico a pesar de sus pocos o nulos ingresos económicos.

Personas ingresadas que reciben asistencia hospitalaria, a quienes les realizan un trámite como "transeúntes" para ser atendidas en el momento. Posteriormente y una vez que reciben el alta hospitalaria no tienen seguimiento en el Centro de Salud correspondiente por no haberles gestionado el Código Dar durante su ingreso hospitalario.

Personas ingresadas con diagnóstico de enfermedad de declaración obligatoria que requieren seguimiento en centro de salud o ser ingresadas en otros centros hospitalarios específicos.

Con todo ello y con el fin de garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas, en idénticas condiciones, que viven en la Comunidad de Madrid, instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1. Garantizar la atención a colectivos especialmente vulnerables, como son las mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo, víctimas de trata, así como, la atención en urgencias, sin exigir presentación de prueba de un tiempo mínimo de estancia en la Comunidad de Madrid, y con cargo a fondos públicos evitando la facturación a la persona.

2. Instrucciones claras, homogéneas, de acceso público y por escrito en todos los Centros sanitarios dependientes del SERMAS, que realmente garanticen la asistencia sanitaria universal, flexibilizando los medios de prueba de los requisitos administrativos para que estos no constituyan barreras insalvables. Precisamente las personas más vulnerables tienen más dificultad para superar dichas barreras.

3. Evitar las bajas sistemáticas con periodicidad determinada, de las personas que han entrado en el sistema de atención sanitaria con el Código Dar, si no han cambiado sus circunstancias personales y sociales.

4. Garantizar la atención sanitaria a las personas que tienen Número de Identificación de Extranjero. Una vez que las personas consiguen su NIE, se las aboca a una situación de desprotección, obligándolas a gestionar un seguro médico que en la mayoría de los casos no pueden sufragar.

5. Reconocer el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas mayores - padres, madres, abuelos y abuelas - que han llegado a España por reagrupación familiar como proceso legal y que pueden necesitar asistencia dada su avanzada edad en algunos casos. Actualmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social deniega sistemáticamente la tarjeta sanitaria a estas personas a pesar de contar con más de 40 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia reconociéndoles el derecho, y de una recomendación de la Defensoría del Pueblo instando a eliminar la exigencia de un seguro privado".

Punto 47. Aprobar la proposición n.º 2019/8000589, presentada por la concejala doña Rita Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Madrid, interesando que se inste al Gobierno de la Nación y a los partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado a impulsar una reforma de la Constitución que incluya las pensiones públicas como derecho fundamental, con la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones, en los términos que se indican en la iniciativa.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), creada en abril del 2013 con el objetivo de conseguir que las pensiones pasen a ser un derecho fundamental blindado en la Constitución, prohibiendo su privatización y la pérdida de poder adquisitivo, es una plataforma compuesta en la actualidad por 300 organizaciones y miles de activistas por todo el país, sin distinción de ideologías, credos y siglas partidistas

Blindar las pensiones en la Constitución significa transformar las pensiones, que actualmente están contempladas en la Constitución como una "expectativa de derecho" o un "principio", en un derecho fundamental incluido en la Constitución, prohibiendo al hacerlo de forma explícita la privatización total o parcial del sistema público de pensiones y la pérdida de poder adquisitivo.