BOAM nº 8587 (21/02/2020)
Agencia Tributaria Madrid

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Resolución de 14 de febrero de 2020 de la Directora de la Agencia Tributaria Madrid por la que se aprueban los criterios generales del Plan de Control Tributario 2020.

 

Los objetivos de carácter general para 2020 se centran en una doble vertiente: en primer término, incrementar la eficacia de la organización, a través de la modernización y mejora de los medios materiales y tecnológicos, así como de una constante formación de los recursos humanos; en segundo término, se persigue perfeccionar los mecanismos de coordinación, tanto interna como externa, y las posibilidades de una visión integral de la inspección de todas las figuras tributarias desde la perspectiva de las actividades económicas a las que están vinculadas.

La consecución de dichos objetivos se traduce en las siguientes acciones:

 

1. Impulsar la digitalización de los expedientes de inspección y de los procesos de atención al ciudadano, avanzando gradualmente, en la medida que lo permitan los medios disponibles, en la posibilidad de comparecencia y firma electrónica de actas y demás documentos de inspección.

 

2. Reforzar los mecanismos de coordinación con los sistemas de información de Urbanismo, Agencia de Actividades, Distritos y Área de Medio Ambiente y Movilidad para la inspección de los tributos vinculados a obras y actividades, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), esencialmente, pero Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y tasas, avanzando en la medida de lo posible, desde la coordinación de los sistemas de información a la integración de los mismos.

 

3. Establecer nuevos protocolos de colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid para la obtención de información necesaria para la inspección tributaria local, especialmente en relación con el IIVTNU, mediante el acceso a los datos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 

4. Recabar de la AEAT acceso a datos de los que actualmente no se dispone para la investigación de domicilios, notificaciones electrónicas e inspección del IAE.

 

5. Potenciar una actuación de la inspección integral e interrelacionada de todos los tributos en función de las actividades económicas, obras, instalaciones y negocios jurídicos subyacentes, optimizando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para el acceso a la información a través de múltiples canales y el uso de Internet.

 

6. Establecer un protocolo de funcionamiento conjuntamente con la Subdirección General de Recaudación para la más eficaz derivación de responsabilidad tributaria a los responsables subsidiarios o solidarios, así como para la derivación de la obligación tributaria a los sucesores, especialmente en el caso de sucesión de personas jurídicas.

 

7. Formación continua y motivación de los recursos humanos adscritos a la Inspección Tributaria, tanto en los aspectos estrictamente tributarios, jurídicos, económicos y contables, como en las habilidades de investigación y uso de las nuevas tecnologías en el contexto de una Administración digitalizada.

 

II. DIRECTRICES DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS TRIBUTOS.

 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

 

En relación con la inspección, tanto catastral como tributaria del IBI, es de advertir que el proceso de regularización voluntaria desarrollado entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de julio de 2017 produjo la incorporación de gran número de inmuebles que hubieran sido susceptibles de inspección catastral y posterior inspección tributaria, lo que sin duda determina una reducción del ámbito material susceptible de actuación catastral e IBI.

Como en años anteriores, proseguirá la labor de comprobación de las exigencias formales y materiales para el disfrute de beneficios fiscales en el impuesto, de modo que serán objeto de verificación tanto la permanencia de las condiciones por las que se reconocieron exenciones de oficio, como los requisitos para el otorgamiento de exenciones y bonificaciones rogadas.

Para todo ello se podrán constituir, en función de las exigencias de las actuaciones a desarrollar, equipos conjuntos de Inspección Catastral y Tributaria.

Las líneas a desarrollar en el IBI se concretan en:

• Se regularizarán en el tributo los inmuebles que resulten obligados y no hayan abonado el tributo que resulten de las actas de inspección catastral remitidas por el Servicio de Inspección Catastral.

Se revisará, en la medida que lo permita la disponibilidad de recursos y prioridades, el mantenimiento de los requisitos para el disfrute de beneficios fiscales.

Se revisará la situación de tributación en el impuesto que pueda ponerse de manifiesto como consecuencia de la inspección de otros tributos, esencialmente ICIO, IAE y TASAS.

 

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

 

Nos hallamos ante un impuesto cuyas variables esenciales, en términos generales, son la cifra de negocio y la superficie, lo que determina su fuerte relación con el volumen económico y dimensiones de los locales, que se pone de manifiesto, en primer término, a través de las implantaciones y reformas de actividades y también se refleja en las transacciones de compraventa de inmuebles. Ello determina que la inspección de este tributo deba ser objeto de una concepción integral relacionada con los tributos que gravan las obras e instalaciones y las transmisiones de inmuebles.

Por otro lado, al corresponder la competencia censal en la Administración del Estado, las Administraciones locales dependen de la eficaz gestión de la matrícula tributaria por parte del Estado y de la correcta declaración de los obligados tributarios ante la AEAT. Una de las disfunciones que se detectan es la declaración de alta a efectos censales de actividades económicas (modelo 036), pero la omisión del alta en el impuesto propiamente dicho (modelo 840) cuando la empresa reúne los requisitos que determinan la obligación de tributar.

Además de la omisión total de tributación, otro flanco para el fraude en este tributo es la declaración de superficie muy inferior a la real o la falta de declaración de todos los epígrafes cuando son varias las actividades ejercidas, lo que da lugar a situaciones de alta con tributación muy inferior a la obligada.

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