BOAM nº 8587 (21/02/2020)
Agencia Tributaria Madrid

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Resolución de 14 de febrero de 2020 de la Directora de la Agencia Tributaria Madrid por la que se aprueban los criterios generales del Plan de Control Tributario 2020.

En el sector energético, de los datos oficiales se aprecia una paulatina -aunque desacelerada- elevación de la demanda energética en los periodos no prescritos.

La Inspección en estas tasas se centrará en las siguientes acciones:

Verificación de los datos consignados en las declaraciones por los obligados tributarios, con especial atención a aquellos cuya facturación bruta haya mostrado un descenso en los ejercicios de crecimiento general, y no puedan ser achacables a otras causas, tales como la deslocalización de los suministros, operaciones de fusión o traspaso de clientes a otros sujetos.

Cruces de información con las con los datos de las empresas distribuidoras, para comprobar su coincidencia con los facilitados por con los datos de consumo de energía.

Cruces de información con los datos obrantes en la AEAT y datos de consumo de la CNMC y otras fuentes.

Todo ello a fin de detectar posibles omisiones o incorrecta declaración de operaciones y proceder, en su caso, la regularización que corresponda.

 

III. DELITO FISCAL.

 

Aunque no hay precedentes de denuncias por este delito en el ámbito de la Administración Local y, en particular, en nuestro Ayuntamiento, siguiendo el informe sobre el fraude fiscal presentado ante el Consejo Rector y las recomendaciones realizadas por el Director de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, se revisará y profundizará el protocolo actualmente existente para el examen de los casos en que pudiera darse este tipo delictivo, a fin de tramitar actuaciones por delito fiscal en los casos en que se aprecien indicios claros de la existencia del tipo penal.

Para ello se reforzarán los recursos humanos dedicados al estudio de las actuaciones inspectoras que pudieran tener como objeto conductas indiciariamente constitutivas de delito fiscal y a la tramitación, en su caso, de las correspondientes denuncias.

 

IV. DIRECTRICES GENERALES DE ACTUACIÓN EN LA GESTIÓN RECAUDATORIA.

 

Toda la tarea desplegada por la Inspección en orden a conseguir un adecuado control y evitar el fraude fiscal, se completa con una recaudación eficaz que cuente con los medios personales y técnicos adecuados para llevar a cabo ese objetivo.

En el ámbito recaudatorio municipal el control del fraude, tanto en periodo voluntario de pago como en vía ejecutiva, requiere la aplicación de técnicas de transparencia y eficacia en la gestión que faciliten la consecución de un sistema tributario justo en consonancia con el mandato constitucional de que todos contribuyen al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica. Ha de contarse pues con una serie de instrumentos que eleven el nivel de exigencia de responsabilidad frente a aquellos, los deudores, que realizan comportamientos ilícitos.

Por otro lado, como las actuaciones recaudatorias en vía ejecutiva se realizan respecto a los ingresos tributarios y a todo tipo de ingresos de derecho público liquidados por todas las Áreas y Distritos del Ayuntamiento, se hace imprescindible la coordinación con todas las unidades gestoras para abarcar todo el procedimiento desde los inicios en las gestoras hasta su finalización en la fase recaudatoria, bien en voluntaria, bien en ejecutiva.

En la lucha contra el fraude, la recaudación abarca un amplio concepto que incluye a todos aquellos comportamientos de deudores que intentan evadir el pago de tributos y también de otro tipo de deudas que en caso de no ser perseguidas desde la recaudación ejecutiva implicaría un perjuicio muy importante para la Hacienda Municipal. Y es que, la percepción del sistema tributario municipal justo depende de su capacidad para cobrar las deudas de derecho público pendientes de ingreso, enfrentándose eficazmente a los diferentes procedimientos fraudulentos de ocultación patrimonial.

El cobro mediante actuaciones de embargo es la actuación más invasiva de las desplegadas por las Administraciones Públicas en el ejercicio de su facultad de autotutela. En el procedimiento de apremio se llega a privar de un bien o un derecho a un tercero sin intervención judicial mediante la adopción de un acto administrativo. De esta forma, la norma tributaria declara que el procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo y confiere a la providencia de apremio la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

 

En la actividad habitual de la Agencia Tributaria se remiten notificaciones a los obligados al pago y se investigan los bienes de los deudores mediante información obtenida de otras Administraciones Públicas, autoridades y terceras personas relacionadas con los deudores, para, posteriormente en el momento oportuno, embargar todo tipo de bienes y derechos conocidos de los deudores (dinero depositado en cuentas corrientes, créditos realizables en el acto o a corto plazo, sueldos, salarios y pensiones, bienes inmuebles, vehículos...).

Por otro lado, hay que considerar la especificad de Madrid como capital del Estado lo que la convierte en sede de múltiples Organismos Oficiales que también contribuyen a las Arcas Municipales con tributos y todo tipo de ingresos de derecho público. La complejidad de la estructura de los organismos y de los procedimientos para el pago de sus deudas les convierte en unos obligados al pago que requieren de un tratamiento específico. En este sentido se trabaja para conseguir el mayor grado de colaboración con las distintas Administraciones (Estatal, Autonómica, Local, Embajadas y otros organismos) que lleven al cobro de la deuda ya que en caso contrario la dificultad se incrementa por la complejidad, por no decir casi imposibilidad de embargar sus bienes afectos en su mayoría al servicio público.

 

El efectivo control y eliminación del fraude requieren en recaudación incidir en las siguientes actuaciones:

 

- Facilitar al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y poner a su alcance la información precisa sobre el estado de estas obligaciones, incrementando los servicios y trámites telemáticos que se ofrecen en la web municipal. Esto implicaría los desarrollos informáticos necesarios para consultar el estado de sus deudas y pagarlas sin necesidad de desplazamientos.

- Incentivar medios de pago para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias incrementando las domiciliaciones bancarias como método de pago de los tributos y, especialmente, las domiciliaciones del sistema del pago a la carta.

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