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Vista la convocatoria de huelga del personal trabajador del servicio público de contenerización, recogida y transporte de residuos urbanos en el término municipal de la Ciudad de Madrid, de todos los trabajadores y trabajadoras de la Recogida de Basuras de Madrid Capital, pertenecientes a la empresas FOMENTO DE CONSTRUCIONES Y CONTRATAS, S.A., a la UTE "RM 2", integrada por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A, ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L, OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., Y ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., y a la UTE "RECOGIDA SUR MADRID", integrada por URBASER, S.A., y COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. (CESPA), concesionarias, respectivamente, de los tres lotes del "Contrato de gestión de servicio público de Contenerización, recogida y transporte de residuos en la Ciudad de Madrid", de la que se ha dado traslado a este Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid y examinados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.

Mediante escrito presentado el día 23 de octubre de 2017, los representantes de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de la FSP-UGT de Madrid; de la Federación de Construcción y Servicios Privados de CCOO y de RSU de Limpieza, Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid de la CGT, ponen en conocimiento de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid su decisión de convocar una huelga, con carácter indefinido, a partir de las 7:00 horas del día 6 de noviembre de 2017, de todos los trabajadores y trabajadoras de la Recogida de Basuras de Madrid Capital que prestan sus servicios en las empresas FOMENTO DE CONSTRUCIONES Y CONTRATAS, S.A.; UTE "RM 2", integrada por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A., ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L, OHL SERVICIOS-INGESAN, S.A., Y ASCAN, EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN, S.A., y en la UTE "RECOGIDA SUR MADRID", integrada por URBASER, S.A., y COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, S.A. (CESPA), realizando las actividades de recogida y transporte de residuos urbanos en la Ciudad de Madrid.

SEGUNDO.

Con fecha 26 de octubre de 2017, se reunieron los representantes de las referidas empresas concesionarias, "FCC, S.A.", UTE "MR 2" y el de "UTE RECOGIDA SUR MADRID", así como los representantes sindicales de los trabajadores de las mismas, miembros del Comité de Huelga constituido al efecto, al objeto de llegar a un acuerdo en la fijación de los servicios mínimos, no siendo posible alcanzar dicho acuerdo, según consta en el Acta formalizada al respecto.

A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.

El derecho fundamental a la huelga, reconocido en el artículo 28 de la Constitución Española a todos los trabajadores en defensa de sus intereses, está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otras libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos; de tal forma, el párrafo segundo del artículo 28 dispone que "la Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad".

La remisión que la Constitución efectúa a la Ley ha de entenderse referida al Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo, tomando, no obstante, en consideración la Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril, que declaró inconstitucionales alguno de sus preceptos y que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos posteriores de dicho Tribunal en la materia.

En este sentido, el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto Ley citado, atribuye a la Autoridad gubernativa la competencia para acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales.

SEGUNDO.

Por otro lado, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio del derecho de huelga y sus limitaciones, en síntesis, viene a explicitarse en los siguientes principios:

a) "Los límites del derecho de huelga no son sólo los derivados de su acomodación a otros derechos fundamentales, sino a otros bienes constitucionalmente protegidos. Los límites del derecho de huelga derivan, pues, no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con otros bienes constitucionalmente tutelados" (STC 11/1981, F.J. 7º y 9º).

b) "El derecho de huelga cede cuando se ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren. En la medida que la destinataria y acreedora de aquellos servicios esenciales es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para ella, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de los destinatarios de los mismos", "el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto del derecho de huelga" (STC 11/1981, de 8 de abril, F.J. 18).

c) "La noción de "servicios esenciales" hace referencia a la naturaleza de los intereses a cuya satisfacción la prestación se dirige. En consecuencia, ninguna actividad productiva en sí misma puede ser considerada esencial. Solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados bienes e intereses exija el mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija, puesto que los servicios esenciales no quedan lesionados o puestos en peligro por cualquier situación de huelga, siendo necesario examinar en cada caso las circunstancias concurrentes en la misma" (STC 26/1981, de 17 de julio, F.J. 10).

d) "En la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquella repercute" (STC 26/1981, de 17 de julio, F.J. 10 y 15; STC 53/1986, de 5 de mayo, F.J. 3).

e) "En las huelgas que se producen en servicios esenciales de la comunidad debe existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios o destinatarios de aquellos. Sí es cierto que las medidas han de encaminarse a garantizar mínimos indispensables para el mantenimiento de los servicios, en tanto que dicho mantenimiento no puede significar en principio el funcionamiento normal del servicio, pero la perturbación del interés de la comunidad por la huelga debe serlo solo hasta extremos razonables. Y si la huelga ha de mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos frente a la empresa, en principio destinataria del conflicto, no debe ser añadida a la misma "la presión adicional del daño innecesario que sufre la propia comunidad" (STC 51/1986, de 24 de abril, F.J. 5), aumentando así a la que se ejerce sobre el empresario, la que se realiza sobre los usuarios de las prestaciones de servicios públicos.