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BOAM nº 7867 (15/03/2017)
Ayuntamiento Pleno

545

Acuerdos de la sesión (2/2017) ordinaria del Pleno celebrada el día 31 de enero de 2017.

 

El anexo al que se refiere el precedente acuerdo se incluye como apéndice III, relacionado con el punto 9 del orden del día.

 

Proposiciones de los grupos políticos

 

Punto 10. Se retira por su autora antes del comienzo de su deliberación, en los términos del artículo 65.1 del Reglamento Orgánico del Pleno, la proposición n.º 2017/8000109, presentada por la concejala doña Silvia Elena Saavedra Ibarrondo, del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando "que la Administración municipal en ejercicio de las facultades de revisión que le corresponden, anule la Resolución de 5 de diciembre de 2016 del Director General de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid de dudosa legalidad y contraria a los acuerdos Plenarios de 27 de junio y 23 de diciembre de 2016 (proposición 2016/8002254) y en ejecución de dichos acuerdos plenarios la Alcaldesa someta al Pleno el Acuerdo estimatorio de la iniciativa presentada por Residencial Metropolitana S. Coop. Mad".

Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2017/8000114, presentada conjuntamente por las concejalas doña Rita Maestre Fernández y doña Purificación Causapié Lopesino, de los Grupos Municipales Ahora Madrid y Socialista de Madrid, respectivamente, interesando que se inste al Gobierno de la Nación para que proceda a valorar y tramitar una ampliación por otros cuatro años de la denominada moratoria hipotecaria, contenida en el apartado 1 de la Ley 1/2013, de 14 a mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y que el Ayuntamiento de Madrid comience a estudiar el impacto de la finalización de esta medida en la ciudad de Madrid, así como respecto de las medidas de alternativa habitacional que ello supondría.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de "medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social", recogía la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que en situación de especial riesgo de exclusión.

Esta medida se consideró de carácter excepcional y temporal, y afectaría a cualquier proceso judicial en ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, la Ley, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impediría que se procediera al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas de sus hogares.

El Real Decreto-Iey 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, en su artículo 3, de Modificación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, recoge que el apartado 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, queda redactado como sigue:

«Hasta transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este artículo».

EI 15 de mayo de 2017 expira el plazo fijado para la moratoria hipotecarla a la que se han acogido 22850 familias, hasta septiembre de 2016, según datos del Ministerio de Economía y Competitividad. De manera que lo cierto es que, sin entrar a valorar las cifras macroeconómicas, todavía estamos ante una situación social muy complicada con miles de personas en situación de máxima vulnerabilidad social y en circunstancias económicas muy precarias. Para este grupo de personas y familias, la incertidumbre que les provoca la aproximación de un plazo legal inexorable es causa de angustia y preocupación.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

1. Instar al Gobierno de la Nación para que proceda a valorar y tramitar una ampliación por otros cuatro años de la denominada moratoria hipotecaria, contenida en el apartado 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

2. Que el Ayuntamiento de Madrid comience a estudiar el impacto de la finalización de esta medida en la Ciudad de Madrid, así como respecto de las medidas de alternativa habitacional que ello supondría".

Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2017/8000115, presentada por la concejala doña Rita Maestre Fernández, del Grupo Municipal Ahora Madrid, interesando que se reconozca y apoye la labor a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 y que se inste a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a la apertura de una comisión de investigación en sede parlamentaria para establecer posibles responsabilidades políticas.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 lleva luchando por esclarecer las circunstancias en las que se produjo el desgraciado accidente del tren Alvia 04155 con destino a Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013. En este accidente en el que murieron 81 personas y resultaron heridas otras 145 es el accidente ferroviario más grave de la historia de la democracia española. Dicha Plataforma se constituyó con la intención de reivindicar la verdad y la justicia en sentido amplio, exigiendo también responsabilidades políticas, por los hechos que rodearon al mencionado siniestro.

Un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido de las instituciones públicas y de los responsables políticos, y por ello es necesario indagar en las causas y responsabilidades penales y políticas que pudieran derivarse de dicho accidente ferroviario. Al margen de las investigaciones judiciales y las responsabilidades penales que puedan derivarse de ellas, las víctimas siempre han reivindicado la apertura de una Comisión de Investigación Parlamentaria para depurar las responsabilidades políticas.

Con esta moción no podemos reparar el daño inmenso que estas personas han sufrido, no podemos hacer justicia, ni esclarecer la verdad de lo ocurrido, pero queremos contribuir a reconocer y dignificar a las víctimas y familiares del accidente ferroviario Alvia 04155.

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