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España es el único gran país europeo que no cuenta con una ley estatal de Financiación de Transporte Público.

La única referencia en este sentido queda recogida en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que, desde el año 1985, determina que los municipios con más de 50.000 habitantes deben prestar un servicio de transporte colectivo. En la disposición adicional decimoquinta invita a que los Presupuestos Generales del Estado incluyan crédito a favor de las entidades locales para este propósito.

En los últimos años, hemos asistido a serios recortes en la aportación que el Estado realiza a los Ayuntamientos para subvencionar la prestación de los sistemas de transporte público. La reducción ha sido del 31 por ciento en el caso de Madrid 25 por ciento en Barcelona y un 28 por ciento para el conjunto del resto de ciudades. Este recorte ha sido mucho mayor que el descenso experimentado por la demanda de viajeros. La situación se ha visto agravada por el mantenimiento de las tarifas, lo que ha requerido un mayor esfuerzo adicional por parte de unas administraciones locales seriamente golpeadas por la crisis para mantener y explotar las redes de transporte público. Justamente cuando más se necesitaba contribuir a la sostenibilidad del sistema, es cuando el Estado no ha estado a la altura de las circunstancias.

La aportación del Estado no solo es insuficiente, sino que su reparto entre las 144 ciudades receptoras no responde a ningún criterio lógico ni se ajusta a la evolución demográfica que han experimentado las áreas metropolitanas de nuestro país desde que el sistema fue concebido. Se trata, en definitiva, de una aportación asimétrica que no financia por Igual a ciudades de igual tamaño y que, por ende, no permite planificar los servicios de transporte público a medio y largo plazo.

Actualmente, el número de ciudades susceptibles de recibir esta aportación es creciente y, además, nos encontramos en un escenario de aumento de la demanda de viajeros en el transporte público urbano. Los problemas de congestión y calidad del aire se agravan: la circulación de vehículos a motor en las ciudades es responsable del 70 por ciento de los contaminantes que se emiten a la atmósfera y, en concreto, del 40 por ciento del dióxido de carbono; la congestión y los atascos generan enormes costes anualmente. La solución ha de venir de manos del transporte colectivo; de lo contrario, no vendrá.

Es momento de ponernos al mismo nivel que el resto de países de Europa y es momento de que el Estado apueste por el transporte público urbano. El transporte público es la única alternativa para un desarrollo sostenible y, como tal, debe ser considerado una prioridad a todos los niveles. No es válida la excusa de que no hay recursos económicos para afrontar estas aportaciones y lanzar esta necesaria ley de Financiación: en los últimos años hemos visto una política de inversiones en infraestructuras que, en muchos casos, no respondía a las verdaderas necesidades de este país ni sus ciudadanos.

El transporte público urbano en España tiene un equilibrio más que razonable entre tarifa y subvención, en comparación con los países que nos rodean. la política tarifaria de los últimos años nos ha acercado a los valores medios de nuestro entorno; es más, si tenemos en cuenta la renta per cápita y el PIB, las tarifas del sistema en nuestras ciudades es un ya en su punto máximo.

No se pretende con esta petición obtener un mayor subsidio: estamos hablando de una mayor aportación al sistema para mejorar el mismo y avanzar hada un transporte público plenamente eficiente y competitivo; hacia un transporte que garantiza el acceso social a la movilidad, que garantiza unas ciudades mis sostenibles, más 'verdes', que garantiza unas ciudades mis habitables y con mayor calidad de vida.

PARTE DISPOSITIVA

El Pleno aprueba:

El Municipio de Madrid reclama de la Administración Central una mayor implicación en la financiación del transporte urbano colectivo y considera urgente Iniciar la redacción y tramitación de una Ley de Financiación de Transporte Público, que Incluya la participación de todos los niveles de gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea".

Punto 26. Rechazar la proposición n.º 2016/8001114, presentada por la concejala doña Purificación Causapié Lopesino, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando que el Pleno acuerde la elaboración de un Plan Estratégico de Ciudad que contenga, al menos, como ejes de actuación y planes sectoriales, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, un Plan por la Reindustrialización de Madrid, un Plan de impulso a los Servicios Sociales, una Estrategia para la Igualdad, y un Plan para mejorar la posición internacional de Madrid.

Punto 27. Aprobar la proposición n.º 2016/8001115, presentada por el concejal don Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, interesando que el Pleno apruebe rechazar cualquier "Programa de Gobernanza Comunitaria de la Seguridad y la Convivencia" que no cuente con la aprobación previa del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y apoyar la puesta en marcha de la denominada "Policía Comunitaria", en los términos recogidos en el Plan Director de la Policía Municipal de Madrid.

Siendo el acuerdo adoptado del siguiente tenor literal:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Consejo de Seguridad del distrito Centro, celebrado el 15 de junio se realizó una presentación del "Plan de gobernanza comunitaria en materia de convivencia y seguridad en Lavapiés". En dicho Consejo no se entregó ninguna documentación a los asistentes.

El pasado 5 de julio, poco antes del inicio del Pleno de debate sobre el estado de la ciudad, el diario "El País" daba a conocer los principales aspectos del denominado "Programa de gobernanza comunitaria de la seguridad y la convivencia para el barrio de Embajadores".

Tan preocupante como algunos detalles del documento resulta conocer que se trata de una primera experiencia piloto para extender a todos y cada uno de los barrios de Madrid.

Posteriormente hemos sabido que este programa fue elaborado por un consultora contratada al efecto (dentro de las competencias que la Ley otorga a los/as concejales/as hemos solicitado copia del mencionado expediente que a la fecha de presentación de esta iniciativa no hemos obtenido).

El Grupo Municipal Socialista no ha tenido ningún conocimiento previo de este documento y en absoluto comparte el modelo propuesto que en nuestra opinión nada tiene que ver con lo recogido en el Plan Director de la Policía Municipal de Madrid, respecto a policía comunitaria (páginas 38 a 42).